Voluntarias, pero imprescindibles

No es de extrañar que a tres enfermeras del CAP de Tàrrega que forman equipo de vacunación contra la Covid-19 las reciban como a reinas magas. Las dosis llegan con cuentagotas.

Las primeras, de Pfizer, se empezaron a administrar hace tres meses entre usuarios de las residencias geriátricas, los más castigados por la pandemia. Sin prisa pero sin pausa los centros de mayores quedaron inmunizados, al igual que el personal sanitario.

Los mayores de 80 eran los siguientes en la lista, pero no había bastantes vacunas. Así las cosas, solo uno de cada cuatro ha recibido las dos dosis necesarias para completar el proceso de inmunización.

Con solo un 24,3% de mayores de 80 años protegidos en la región sanitaria de Lleida y un 25,5% en la del Pirineo, el colectivo de 66 a 79 años ve cómo queda fuera de la vacunación de Pfizer y Moderna, pero también de la de AstraZeneca, que ahora se administra al colectivo de 60 a 65 años. Los retrasos y los cambios de criterio, sin embargo, no han hecho mella en la respuesta de la población, que responde y se vacuna.

Y eso es muy importante, porque la normalidad solo se podrá empezar a recuperar cuando esté inmunizado el 70% de la población, pero vacunarse no es obligatorio. .

César Cierco, catedrático de Derecho Administrativo de la UdL, explica en una entrevista a este diario que la vacunación voluntaria ante la Covid es una tendencia en todo el mundo, y que solo se opta por la vacunación forzosa en casos concretos que afectan a menores o discapacitados, que no pueden decidir por sí mismos. En estos casos, si los representantes legales se oponen a la vacunación, los jueces intervienen considerando la salud individual de las personas afectadas, y normalmente lo hacen ordenando la vacunación.

Otra cosa son las regulaciones específicas para ejercer según qué trabajos, acceder a algunos locales o viajar, en cuyo caso se plantea en algunas circunstancias exigir la vacunación. Para el resto de situaciones la tendencia general es que la vacunación sea voluntaria y recomendada, y la responsabilidad de los poderes públicos consiste en convencer a la mayoría de la población de las ventajas individuales y colectivas de la vacunación con el objetivo de llegar a la inmunidad de grupo.

Para ello es necesario explicar de forma clara y convincente estas ventajas y aplicar políticas de nudging, es decir, lo que se conoce como “teoría del empujoncito”, que consiste en descartar las obligaciones y las prohibiciones y potenciar las conductas colectivas que se quieren sin necesidad de imponerlas. Por poner un ejemplo, en vez de prohibir la “comida basura”, colocar fruta en lugares destacados en los supermercados para promover su consumo.

Lo mismo en la vacunación. No hay que imponerla, sino crear las circunstancias comunicativas adecuadas para que la mayor parte de la población la perciba como necesaria.