Alivio para miles de familias de Lleida

Seis años después de que se aprobara la ley de Pobreza Energética en el Parlament de Catalunya, que impedía cortar la luz a los vulnerables, ayer por fin la Generalitat, todas las administraciones públicas y Endesa firmaron el acuerdo por el cual a más de 35.000 familias (2.721 leridanas), con pocos o nulos recursos y que habían acumulado una deuda de más de 38 millones de euros (3,9 en Lleida), se les perdonará esta morosidad y tendrán una oportunidad para comenzar de nuevo. Una excelente noticia para todos los leridanos y catalanes en general que llega tras una larga negociación sobre quién debía asumir estas facturas impagadas y que finalmente asumirá al 100% la compañía eléctrica desde 2015 a 2019, y hasta hoy al 50% Endesa y la otra mitad la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos.

A partir de ahora, esta morosidad será sufragada hasta un máximo del 50% por la eléctrica y en la misma proporción por las arcas del gobierno catalán. La fumata blanca tiene muchos padres y madres y todos merecen nuestro aplauso por dar ejemplo de compromiso social y político con los más desfavorecidos, pero es de justicia recordar también que la ley que vio la luz verde en la Cámara catalana en 2015 partió de una iniciativa popular, ILP, que recogió miles de firmas.

Se trata, pues, de una gran victoria colectiva después de años de luchas y reivindicaciones para evitar dramas con víctimas mortales como los del Baix Penedès o Reus, pero también tragedias cotidianas para todos los vulnerables que deben hacer frente en las comarcas leridanas a crisis económicas, pandemias y falta de empleo, o lo mínimo para subsistir sin luz y con facturas muy elevadas por pagar. Un gran logro coral del tercer sector que siguen batallando día a día para conseguir un mundo más justo.

También es una excelente buena nueva para las entidades que presionan para la prohibición de desahucios a personas sin recursos o el impulso al alquiler de vivienda social, del cual ya hemos tenido un par de ejemplos en Lleida, como en el centro de Balaguer recientemente.

Denuncias y la EMU La Justicia ha sobreseído la denuncia presentada en 2018 por el entonces grupo del PDeCAT de la Paeria en los juzgados contra técnicos y cargos políticos de la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU) por presuntas irregularidades en las cuentas de 2014, 2015 y 2016.

Los adversarios políticos tienen todo el derecho, y la obligación añadimos nosotros, de fiscalizar las cuentas de sus predecesores, pero la cautela y el interés común deben ser siempre los que marquen los tempos y finalidades de estas denuncias, nunca la agenda política. Defender la honorabilidad de las administraciones compete a gobierno y oposición.