Acaba la concesión pero siguen los peajes

Nos las prometíamos muy felices con el fin de la concesión de la AP-2 que expira el 31 de agosto y el anunciado levantamiento de peajes, tras casi medio siglo, desde 1973, pagando por viajar a Barcelona o Zaragoza, pero el Gobierno no está dispuesto a dar tregua y anuncia que implantará peajes no solo en las autopistas, sino también en las autovías o carreteras con dos carriles a partir de 2024. La propuesta se incluye en el plan de recuperación que envió el pasado viernes a Bruselas con el argumento de implantar un sistema de pago en todas estas vías para cubrir los gastos de mantenimiento y compensar por la contaminación.

No parece el mejor momento para implantar nuevos pagos con la economía en recesión por el impacto del coronavirus, el transporte agobiado por la caída de actividad, al igual que las pymes y los autónomos, por mucho que el Gobierno haya asegurado que la medida se implantará cuando llegue la recuperación y después de conseguir un amplio consenso social y político. La propuesta no es nueva, ni exclusiva de este gobierno, porque en algunos países europeos ya funciona la llamada euroviñeta, que aquí también se había intentado implantar, pero otras regiones asumen el mantenimiento de sus infraestructuras con cargo a los presupuestos.

De hecho, el argumento utilizado también aquí para justificar el pago de impuestos es que lo recaudado se destina a hacer hospitales y escuelas y también a construir carreteras, pero, a la vista de la situación, no es suficiente con lo recaudado por vía impositiva y se necesitan más recursos, que, como siempre, acaba pagando el ciudadano. Así, a la carga fiscal ya fijada, vía impuestos directos como el IRPF, o indirectos como el IVA, se van añadiendo tributos especiales como el que ya ha implantado la Generalitat sobre el CO.

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, que entra en vigor este mismo año, o los que ya pagamos desde siempre sobre los carburantes, que representan buena parte del precio de gasolinas y gasóleos, o el impuesto de circulación que recaudan los ayuntamientos. La carga fiscal sigue aumentando para los ciudadanos, que tienen que utilizar el coche para su trabajo, o para los transportistas, que tendrán que repercutir su impacto en las tarifas a las empresas y estamos llegando cerca de la saturación.

Por si fuera poco agravio, el anuncio de nuevos peajes llega al mismo tiempo que el pago de una indemnización de 1.300 millones a la concesionaria de autopistas por las obras hechas, que aún reclama 3.000 millones más por la caída del tráfico a consecuencia de la Covid. Lo malo es que el acuerdo lo firmó la ministra socialista Magdalena Álvarez y ahora nos podemos encontrar con que la titular de la concesionaria más rentable sea compensada porque han circulado menos coches.

Si una pyme ha facturado menos, tiene que espabilarse o cerrar, pero si es una gran empresa como Abertis, es el Gobierno quien asume pérdidas..