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Veinte años después de la denuncia de organizaciones ecologistas contra el Reino de España por entender que las obras del canal Segarra-Garrigues causaban un grave impacto en zonas de especial protección de aves, se ha cerrado el litigio al entender el colegio de comisarios de la Unión Europea que se han tomado las medidas necesarias para garantizar esta protección y hacer compatible el regadío con la conservación de las aves protegidas. La denuncia se tradujo en un contencioso y una posterior sentencia del tribunal de la UE contra España en 2007 por el impacto sobre las aves que podía traducirse en cuantiosas multas a España, la retirada de subvenciones comunitarias y, en última instancia, incluso la paralización de las obras.

En los últimos años ha habido una intensa negociación para adaptarse a los criterios comunitarios que incluyeron primero la eliminación de cinco mil hectáreas de la zona regable, la inclusión de otras 20.000 en zonas protegidas y una cuantiosa inversión, cifrada en más de 60 millones de euros, para hacer compatibles los cultivos con la protección de las aves, con regadíos parciales, planes pilotos, restricciones en determinadas zonas y habilitación de corredores para las aves. Tras prolijas negociaciones en uno de los litigios más largos con Bruselas, finalmente el colegio de comisarios ha evaluado positivamente las medidas correctoras, considera que las aves quedan suficientemente protegidas y cierra el procedimiento de infracción sin sanciones.

Es una excelente noticia para la infraestructura más importante de nuestras comarcas porque se aparta la espada de Damocles que pesaba sobre su futuro en forma de nuevas exigencias o de multas millonarias, y se llega a un acuerdo para hacer compatibles los regadíos con la protección de aves. Afortunadamente, la amenaza de Bruselas no conllevaba la paralización de las obras mientras duraba el proceso y no ha tenido impacto en las obras que han seguido su ritmo, de forma que se ha podido completar el canal principal y el pantano de L’Albagés, si bien se ha registrado una desviación presupuestaria, achacable también a otras causas, cifrado en un 28 por ciento y un ritmo de adhesión de los agricultores que está por debajo de lo deseable.

Hubiera sido lamentable que una inversión de cerca de dos mil millones, afrontada conjuntamente por Estado, que asumía el canal principal por cerca de 500 millones, y Generalitat, que hace los canales auxiliares y las obras complementarias, y que está llamada a cambiar la economía de las comarcas afectadas quedara encallada por un litigio con Bruselas. De momento, ya hay unas once mil hectáreas en riego, con el anuncio de nuevas ampliaciones, y lo importante es que ha desaparecido el principal escollo.

Ahora el futuro depende de los agricultores de estas comarcas. 

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