Las piedras en el zapato

Un total de 42 ex altos cargos independentistas, entre los que se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, además de los recientemente indultados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva o Dolors Bassa, entre otros, conocerán mañana martes la cantidad a la que asciende exactamente la liquidación provisional que ha fijado el Tribunal de Cuentas por su supuesta responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas “embajadas catalanas” y al Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat. Esta cantidad, que según el diario El País se eleva inicialmente a 5,4 millones de euros, se suma a los 4,1 millones de euros que ya calculó que costó el referéndum del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.

El Tribunal de Cuentas es un órgano fiscalizador de los presupuestos y de la gestión económica del sector público que depende de las Cortes Generales y examina y comprueba la Cuenta General del Estado. Sus miembros no son jueces, sino doce consejeros nombrados por el Congreso y el Senado.

La persecución económica a las personas con responsabilidades públicas en el procés es diferente de las encausadas por la Justicia porque en los temas en los que deciden los magistrados los investigados tienen derecho a defensa y tarde o temprano pueden recurrir a instancias jurídicas superiores y llegar hasta los tribunales europeos. En el caso del Tribunal de Cuentas tal tesitura no se produce y la dilatación de los trámites y recursos puede eternizar el embargo de los patrimonios de las personas imputadas hasta el punto de la ruina.

Miembros del Supremo ya explicaban ayer que temen que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbe buena parte de los sumarios que llevaron a los ahora nueve indultados a la cárcel, por delitos sin parangón en la UE si no existe violencia. Convendría que en el nuevo período de distensión y diálogo que se abre entre el ejecutivo de PSOE y Podemos y el del gobierno catalán de ERC, Junts y la CUP no se pusieran más piedras en el zapato, como definió esta demanda el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Si complicado sería, por no decir imposible, tratar de dialogar o negociar una nueva relación entre Catalunya y España con nueve personas en la cárcel, también se antoja delicado hacerlo con una cuarentena de personas con sus propiedades y cuentas embargadas sin juicio ni pruebas. La economía de la Generalitat debe ser fiscalizada, como la del Estado, incluida la Corona, y la de los ayuntamientos, porque los presupuestos son para mejorar el bienestar de los ciudadanos, pero tener diferentes varas de medir para cada institución no sirve para avanzar en este momento tan delicado para todos y de cuya resolución depende nuestro futuro.

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