Un aval que creará polémica

Partiendo de la base de que la actuación del Tribunal de Cuentas es más que sospechosa a la hora de exigir avales a dirigentes de la Generalitat por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo y admitiendo que la Generalitat y el Gobierno central tienen que tomar una decisión, hay que acoger con prudencia la decisión de crear un mecanismo para avalar a través de un fondo, vinculado al Institut Català de Finances, que contraavalaría a una entidad financiera, que sería la que respondiera por las cantidades reclamadas, porque sin duda abrirá un nuevo frente judicial y no corrige el error de fondo, que es que un órgano administrativo exige un aval previo al dictamen de responsabilidades.

El aval se mantiene hasta que haya sentencia firme, agotadas las instancias nacionales e internacionales, y si es condenatoria el imputado debe devolver las cantidades, aunque, si se declarara insolvente, en principio sería el fondo quien asumiría el coste. Es una fórmula imaginativa, pero falta por superar el escollo de la legalidad y, aunque el conseller de Economía está convencido de que se ajusta a derecho, las noticias que llegan de Madrid no son demasiado halagüeñas y se habla de fraude de ley, de recursos y hasta de denuncias por posible malversación.

Como siempre, hará falta negociar y buscar fórmulas de consenso porque es legítimo que todas las administraciones garanticen que sus representantes puedan tomar decisiones de gobierno sin poner en riesgo su patrimonio personal y familiar.

Algo que, por cierto, no debería referirse exclusivamente a decisiones tomadas en torno al procés, como está sucediendo, porque ha habido casos tan sangrantes como el desamparo en que la misma Generalitat ha dejado al exconseller Santi Vila, que ha tenido que asumir personalmente, aportando incluso las escrituras de su vivienda, para responder a la fianza fijada por un tribunal de Huesca por su actuación como conseller de Cultura en la defensa de las obras del monasterio de Sijena depositadas en el Museu de Lleida. El principio de indemnidad, que vela para proteger el derecho a la presunción de inocencia de cualquier funcionario público, debe estar al margen de posicionamientos políticos y el aval debería cubrir tanto a quienes tomaron decisiones en nombre de la ortodoxia soberanista como a los que se mostraron discrepantes, evitando también que la defensa de la independencia pueda utilizarse como cortafuego para causas aún pendientes que no tienen que ver con el procés.

No es función del Tribunal de Cuentas decidir en qué se han de gastar el dinero las administraciones, lo que le compete es velar y constatar que se han seguido los procedimientos administrativos pertinentes y lo que debería rectificarse es que fije avales condenatorios antes de que se analice la cuestión y exigir que actúe con criterios técnicos y no políticos.Esta debe ser la primera cuestión a abordar.