Una sentencia más política que efectiva

El Tribunal Constitucional, por una estrecha mayoría de seis a cinco, ha considerado inconstitucional el confinamiento decretado por el gobierno de Sánchez con el primer estado de alarma en una controvertida sentencia que tiene más efectos políticos que consecuencias efectivas.

El tribunal anula tres apartados del artículo 7 que restringían la libre circulación de ciudadanos, limitaban los desplazamientos de vehículos y autorizaban el cierre de carreteras por motivos de seguridad pública, entendiendo que estas prohibiciones tenían que hacerse en el marco de un estado de excepción y no de un estado de alarma, como se hizo con el decreto gubernamental. Se considera que no hubo suspensión de derechos con el cierre de colegios y comercios, también recurrido, porque en su opinión no implica una suspensión de derechos y por tanto los negocios obligados a cerrar no podrán reclamar indemnizaciones por supuesto daño patrimonial.

Las que sí quedan anuladas son el millón de multas impuestas por saltarse las restricciones, que tendrán que ser devueltas en los pocos casos en que han sido cobradas o anuladas al quedar sin cobertura legal por haber sido impuestas bajo el amparo de una norma que ha sido declarada inconstitucional.

Más consecuencias tiene desde el punto de vista político porque la sentencia ha sido interpretada como un varapalo jurídico al gobierno de Sánchez y algunos hasta han reclamado su dimisión. Desde el Gobierno se sostiene que el decreto ayudó a salvar miles de vidas, aseguran que volverían a hacerlo en una situación similar y que en el resto de países europeos tomaron medidas similares en un momento de extrema emergencia.

De hecho, el mismo tribunal considera que las medidas fueron proporcionadas, pero discrepan del paraguas legal en el que se debían amparar.

A la hora de valorar, hay que recordar la extrema emergencia que se vivía en marzo de 2020 y que un estado de excepción aún restringe más los derechos ciudadanos y está pensado para situaciones de guerra, mientras que el estado de alarma representa un nivel inferior en las restricciones. Además, hubo que actuar con rapidez ante la pandemia y el decreto fue convalidado por el Congreso con la práctica unanimidad de todos los grupos, incluido Vox, que votó a favor y después ha recurrido el decreto encontrando el apoyo del Constitucional.

Es decir, hay un conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo por una parte y, por otra parte, del judicial, representado por el Constitucional, totalmente dividido y politizado hasta el punto de convertirse en el brazo opositor del Gobierno.

Con la sentencia, aunque no tenga consecuencias más allá de las multas, salen perdiendo todos: el Gobierno, desautorizado; el Congreso, ninguneado, y el Constitucional cuestionado por una sentencia que recoge parte de los argumentos de Vox y que vuelve a mostrar más argumentos políticos que jurídicos..