Dinero público para los avales

Finalmente, el gobierno ha rectificado y será el Institut Català de Finances quien avalará los 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas exige a 34 altos cargos de la Generalitat que no tendrán que avalar con su patrimonio personal para responder por su gestión de la política exterior de la Generalitat.

Ha sido una solución de urgencia porque el plazo para presentar las garantías acababa en la medianoche del miércoles, puesto que ninguna entidad bancaria se había prestado a participar en la operación como estaba previsto en el decreto presentado por el conseller de Economía Jaume Giró, y porque la cuestión amenazaba con provocar el primer enfrentamiento serio entre los dos socios de gobierno, con ERC exigiendo el aval del ICF y JxCat reticente a involucrar al organismo de finanzas. De entrada, parece una solución lógica porque es normal que se avalen con dinero público y no con el patrimonio personal las posibles responsabilidades de la gestión pública, por un elemental sentido de seguridad para funcionarios y cargos públicos, pero ha faltado previsión por parte de Economía que en su momento aseguró que el decreto ley que ponía en marcha el fondo era jurídicamente impecable y después ha tenido dudas para involucrar al ICF, supuestamente porque “no quería someter a ningún profesional del ICF a dar curso a una operación que provocaría angustia, inquietud y miedo a ellos y sus familias” y porque tampoco quería que corrieran un riesgo si no es estrictamente necesario.

Al final, se han vencido las reticencias porque la misma disposición transitoria del decreto que crea el Fondo Complementario de Riesgos contemplaba la posibilidad de que el ICF asumiera el pago con carácter excepcional, sin perjuicio de que sea restituido posteriormente y porque tanto el PSOE como el PSC habían asegurado públicamente que la fórmula elegida se ajustaba a la legalidad.

Algo que evidentemente no comparten ni el PP, ni Ciudadanos, ni Vox, que han anunciado recursos contra la creación de este fondo. Y ha sido precisamente el temor a estos recursos y a un posible daño reputacional el que ha provocado que ninguna entidad financiera quisiera hacer frente a los avales, pese a contar con la garantía de la Generalitat.

Tanto la Caixa como el Banc Sabadell han explicado que los riesgos legales les han llevado a declinar la operación porque un posible recurso haría que el Banco Central Europeo les obligara a provisionar las posibles pérdidas que tendrían que asumir si fuera declarado ilegal el contraaval público de la Generalitat.

Es evidente por una parte que la Generalitat ha perdido peso en el sector financiero español y extranjero y también que más allá de la solución encontrada el problema de fondo subsiste por la actuación de un Tribunal de Cuentas que exige avales por anticipado antes de juzgar, y mezcla el patrimonio personal con la responsabilidad en la gestión política.