Caso cerrado, heridas abiertas

Doce años después del trágico incendio provocado en Horta de Sant Joan que costó la vida a cinco bomberos leridanos se ha cerrado judicialmente el caso sin que se haya celebrado el juicio y con un acuerdo de conformidad entre fiscalía, Generalitat y las defensas, que reduce a cuatro años la condena a los dos pirómanos para los que la fiscalía pedía 20 años de cárcel.

De entrada, es lamentable que la resolución del caso se haya demorado doce años por un sinfín de retrasos, recursos de las defensas y hasta una anulación del Supremo de una decisión de la Audiencia de Tarragona, que hace pensar que si la justicia es tan lenta deja de ser justa. En segundo lugar, hay que lamentar que no se haya llegado al fondo del asunto, que no se haya celebrado un juicio en el que se aclarara qué pasó exactamente en las montañas de Horta y qué responsabilidades hubo en el trágico fallecimiento de los cinco bomberos leridanos, porque la justicia exculpó en 2013 a los mandos del operativo, pero la Generalitat asumió la culpa e indemnizó a las familias con lo que establece la ley y se retiraron del caso.

Y en tercer lugar, hay que lamentar que la prisión de los pirómanos confesos se reduzca a tres años y nueve meses en un caso y cuatro años en el otro, pese a que la fiscalía pedía veinte.

Lo llamativo es que a los acusados se les aplica una atenuante de “dilaciones indebidas” con lo cual salen beneficiados de los recursos que han planteado sus mismas defensas y también de la demora de la justicia en juzgar el caso, que ha podido quedar zanjado judicialmente, pero no se han cerrado las heridas abiertas entre los familiares de las víctimas que consideran las condenas ridículas. 

Desgraciadamente, la demora en juzgar el incendio de Horta no es excepcional y aunque no se llega al extremo de doce años de retraso, la misma memoria del Consejo General del Poder Judicial admite que hay más de tres millones de casos pendientes de resolver, sin que el descenso de asuntos presentados en los juzgados por la pandemia haya aliviado la congestión en los juzgados que se ha incrementado en un 11 por ciento.

Durante el año pasado ingresaron en los juzgados un total de 5.526.754 asuntos, un 12 por ciento menos que en el año anterior a consecuencia de la pandemia, pero también se resolvieron menos que en el año anterior, un 14 por ciento, con lo que la congestión aún aumentó hasta totalizar los 3.156.877 casos que siguen pendientes y la consiguiente demora. En su memoria, el CGPJ se queja de que faltan 129 nuevas plazas de magistrado y 380 nuevos juzgados, mayoritariamente de primera instrucción, para cubrir las carencias detectadas, pero es evidente que además de falta de personal, la justicia española adolece de más problemas, empezando por la renovación de sus cúpulas, pendiente desde 2018 y frenada por intereses políticos.