Acuerdo sobre El Prat y nuevo talante

Estaban los focos puestos en la comisión bilateral Estado-Generalitat que se reunía por primera vez desde hace tres años y la noticia surgió en otra reunión que se había convocado con discreción entre el vicepresidente Jordi Puigneró y la ministra de Transportes Raquel Sánchez en la que se desbloqueó la ampliación del aeropuerto de El Prat que representará una inversión de 1.700 millones de euros con la creación de 85.000 empleos directos y 365.000 indirectos.

Queda por resolver la cuestión medioambiental porque la ampliación podría afectar a zonas protegidas en la desembocadura del Llobregat, pero el compromiso es que la afección sea mínima y que cuente con el visto bueno de la Unión Europea, a la que se someterá la ampliación en una consulta previa. Precisamente esta afección es la que había provocado las reticencias de los ayuntamientos implicados, incluido el de Barcelona, que con diferente intensidad se oponían a una ampliación que para sectores empresariales era imprescindible para que el aeropuerto de El Prat pudiera seguir compitiendo internacionalmente y para que Barcelona no perdiera oportunidades industriales, comerciales e incluso turísticas.

Con la inversión se respondía también a las críticas formuladas desde Catalunya de que no se había invertido lo mismo en El Prat que en Barajas y era una oportunidad cuyo rechazo no se hubiera entendido.

En el preacuerdo alcanzado ayer también se contempla, además del desbloqueo de la inversión, un plan para conectar con trenes de alta velocidad con los aeropuertos de Girona y Reus para completar la conectividad de la red aeroportuaria catalana facilitando un mayor volumen de viajeros y aquí hay que lamentar que en principio no se haya incluido en esta malla al aeropuerto de Alguaire, de titularidad de la Generalitat que ciertamente tiene mucho menos tráfico, pero también puede ayudar a descongestionar El Prat y mejorar la oferta. .

Por lo que respecta a la comisión bilateral, no se esperaban grandes novedades a tenor de los precedentes con nueve reuniones desde 2007 poco fructíferas y ninguna desde hace tres años.

Tenía más carácter técnico teniendo en cuenta que las cuestiones políticas se trasladan a la mesa de diálogo que se reunirá posteriormente y la Generalitat presentaba una lista de 56 traspasos pendientes. Evidentemente, no hubo acuerdo sobre todas, pero sí se aprobó el traspaso de la gestión de becas, una inversión de 200 millones correspondiente a la disposición adicional tercera y diversos grupos de trabajo para nuevos traspasos, pero lo más importante es que las dos partes se comprometieron a reducir la conflictividad institucional y reactivar otras comisiones como la de asuntos fiscales o la de infraestructuras.

Es un avance considerable que se reactiven las mesas de diálogo y sobre todo que se transmita que algo ha cambiado y que sigue habiendo mucho por negociar.