Certificado Covid versus derechos individuales

Un año y medio después del inicio de la pandemia de Covid, ha quedado claro que la forma más efectiva para frenarla es la vacunación, que es además la mejor garantía para que la vida social y económica pueda volver a la normalidad, tras la crisis provocada por los confinamientos y las restricciones aplicadas a actividades no esenciales. Esta situación ha llevado a gobiernos de varios países y a la Unión Europea a apostar por el denominado certificado Covid como requisito obligatorio para la movilidad o para acceder a actos de ocio, culturales o incluso a bares y restaurantes. Este documento constata que el ciudadano ha recibido la vacuna, ha pasado la enfermedad o bien se ha hecho una prueba que acredita que no está contagiado.

La UE lo instauró a principios de este verano para todos los que quisieran viajar entre los distintos países. En Francia es obligatorio para entrar a bares y restaurantes, para viajar en tren y avión, para acceder a cualquier evento o entrar como visitante en las residencias y hospitales. En España, varias comunidades autonómicas aprobaron aplicarlo para entrar en los establecimientos hosteleros, pero la Justicia ya lo ha anulado en Andalucía, Canarias, Cantabria y Galicia, al entender que vulnera derechos fundamentales como el de la intimidad.

El certificado Covid pone sobre la mesa lo difícil que resulta fijar el límite entre los derechos fundamentales individuales y los colectivos. Como damos cuenta en nuestra edición de hoy, abogados expertos en la materia dudan de su encaje legal en España, porque no hay una legislación que lo ampare, además de considerar que puede vulnerar derechos básicos. Ante esta situación, lo más razonable sería que los poderes públicos abordaran este reto buscando el máximo consenso político y contando con la cooperación de profesionales competentes en este ámbito, pero por desgracia no parece que esto vaya a ser así.

De todas formas, con independencia de que haya o no certificado Covid, los ciudadanos deben tener claro que los hechos demuestran que la vacunación es la mejor arma contra la pandemia. El parking del ArnauTener que pagar por aparcar para ir al hospital es algo que no gusta a casi nadie. Es lo que sucede en el Arnau de Vilanova, pero tampoco está de más recordar la odisea que suponía poder aparcar antes de que hubiera el actual parking.

Ahora bien, llama la atención que sus tarifas hayan aumentado el doble que el IPC desde su estreno en 2008, que haya subido el precio de los abonos para el personal en plena pandemia y que también cobre incluso a miembros del equipo de trasplantes. La política tarifaria del parking del principal hospital público de Lleida no debería ser la misma que la de cualquier otro. .