Toque de queda y orden público

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya redujo ayer drásticamente el toque de queda. El TSJC considera que las limitaciones de movilidad entre la 01.00 y las 06.00 horas solo deberán aplicarse en los municipios de más de 5.000 habitantes que tengan una incidencia acumulada en siete días de 250 casos por cada 100.000 habitantes y no de 125, como propuso el martes el Procicat. La Generalitat, que lamentó que una vez más los jueces se conviertan en epidemiólogos, analiza la resolución judicial y está buscando alternativas.

Así, el toque de queda solo afectará a partir de hoy (en principio hasta el 27 de agosto) a dos municipios de Lleida; Alcarràs y Balaguer, y otras 17 localidades catalanas, ninguna capital de provincia entre ellas. Si bien es cierto que no corresponde al aparato judicial controlar la crisis sanitaria, también lo es que no se puede utilizar el toque de queda como sustituto del orden público, que en definitiva es la función que ejercía en estos momentos la restricción horaria nocturna. Con la Covid en recesión y por debajo de 250 casos por cada 100.000 habitantes no tiene demasiado sentido prohibir la libre circulación de personas de noche.

Bastantes derechos fundamentales hemos tenido que ceder durante la pandemia del coronavirus, tanto de movilidad como de horarios, sanitarios, educativos y laborales, como para seguir obligados a estar en casa a partir de la una por miedo a que grupos de jóvenes se concentren y beban en la calle de madrugada. El orden público es responsabilidad del Govern y este ha de tomar las medidas necesarias para garantizar el descanso de los ciudadanos, la libertad de movimientos y el cumplimiento de las medidas Covid sin socavar libertades generales. Una vez dicho esto, cabe, también una vez más, apelar al sentido común de los ciudadanos, sobre todo de los más jóvenes, porque en sus manos está en estos momentos evitar que el virus siga propagándose y ponga en peligro la vuelta al colegio en septiembre y la mínima normalidad de la que disfrutamos.

Las administraciones deben organizar, arbitrar y controlar, pero el peso actual de los posibles contagios recae en los individuos y su sentido cívico y social. La vacunación se ralentizaUn problema similar tenemos el conjunto de la ciudadanía con la ralentización de la vacunación de personas entre 30 y 49 años en Lleida, en estos momentos a la cola de Catalunya. La Generalitat ha cumplido en plazos e información y son demasiados los leridanos que no han acudido o pedido cita para la primera inyección y con sus reticencias, negacionismo o miedo, están perjudicando la inmunidad de grupo necesaria para vencer al virus.

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