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De todos los avatares históricos se pueden sacar conclusiones y esta Diada que hoy vuelve a poner sobre la mesa el pasado, el presente y el futuro de Catalunya debería servir para hacer una reflexión conjunta de dónde estamos, dónde queremos ir y los medios a emplear para que todos podamos pasar la página de la confrontación directa o indirecta con el Estado para centrarnos en el progreso y el bienestar de los ciudadanos. En primer lugar, los episodios vividos en 2017, las leyes de desconexión, la declaración fugaz y no publicada en el DOGC de independencia, el referéndum, la crispada reacción del Gobierno español, las amenazas del rey Felipe VI y los juicios, exilios y sentencias posteriores contra los líderes del procés no han servido para encontrar el camino para resolver el conflicto político existente entre Catalunya y España. Tampoco han variado mucho las mayorías que en la propia Catalunya quieren cosas distintas.

Una mitad, hoy el 52%, la independencia, y el resto, seguir con la autonomía buscando una entente que mejore la financiación dentro del reino de España. Y ahora, tras un período convulso y de más frustraciones colectivas que de alegrías, nos situamos a las puertas de un diálogo entre ambos gobiernos que, al menos, no parte de la amenaza y la judicialización y castigo de cualquier disidencia. La esperanza en esta nueva etapa debe basarse en que un 80% de los catalanes, todos los partidos independentistas, más los socialistas y comunes, estarían de acuerdo de alguna manera en que corresponde a los ciudadanos de Catalunya decidir su futuro y esta proporción es un gran aval que debe saber gestionarse.

El consenso es grande en este amplísimo abanico ciudadano e ideológico en temas referentes a la preservación de la lengua y la cultura catalana, la inmersión lingüística, el déficit fiscal que soporta este país desde hace décadas y en que la educación, la sanidad, el tejido empresarial y la innovación tecnológica y científica deben seguir siendo el motor que ha hecho de Catalunya uno de los territorios más prósperos de Europa. Es evidente que el 52% que vota independencia aspira a que sea la Generalitat la que decida inversiones, infraestructuras o aeropuertos sin la gestión tutelada del Estado, como también lo es que otros muchos rechazan cualquier posibilidad de cambio legislativo o constitucional para que Catalunya deje de ser una autonomía. Siempre habrá minorías, que merecen todo el respeto, porque precisamente la madurez de una sociedad se puede medir por esta consideración a la pluralidad política y social, pero a quien corresponde dialogar, tender puentes y encontrar salidas en la encrucijada actual es a los gobernantes, los de aquí y los de allí.

Por tanto, pónganse a ello y encuentren una solución en la cual la mayoría pueda sentirse cómoda. Es su obligación como representantes de los ciudadanos..

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