Cuando la normalidad es positiva

Más de 60.000 alumnos leridanos volvieron ayer a las aulas en el que será el tercer curso marcado por la Covid y lo más significativo es que la normalidad marcó este inicio de curso.

Es la mejor noticia después de los problemas vividos en los dos últimos cursos y es un signo de normalidad que se haya recuperado en todos los niveles educativos la presencialidad de los estudiantes, algo consustancial al mismo sentido educativo y de formación y que se ha revelado más necesario que nunca a la vista de las dificultades que entrañaban las clases online con problemas de conectividad y también de adaptación de los programas educativos. Aún no estamos como antes de la pandemia y las precauciones y los protocolos de seguridad tienen que estar más vigentes que nunca, aunque ya se anuncia que la mascarilla puede dejar de ser obligatoria en breve, pero contamos con la ventaja de que el 90 por ciento del profesorado ya está inmunizado al haber completado las pautas de vacunación y que en Lleida el 56 por ciento de jóvenes de 12 a 19 años también están inmunizados y casi el 68 por ciento ya ha recibido la primera dosis.

Son porcentajes altos que garantizan una relativa seguridad y que el curso pueda discurrir con normalidad, pero la Conselleria de Educación quiere más garantías y anuncia la modificación de un decreto para que los centros escolares puedan acceder a los datos de vacunación y gestionar las posibles cuarentenas de quienes no están inmunizados.

La medida ha generado críticas de asociaciones de padres por entender que puede vulnerar la confidencialidad de los datos sanitarios, pero parece razonable que prime la salud colectiva y de la misma forma que se exigían vacunas para colonias o para determinados viajes, también se reclamen garantías similares para asistir a las clases y que las personas sin vacunar tengan que superar las pruebas o las cuarentenas correspondientes para no convertirse en un riesgo para los demás compañeros. Es una cuestión que ya se ha planteado en otros países y que obliga a mantener la prudencia.

El lío judicial Tres años lleva el Consejo del Poder Judicial con el mandato caducado por la falta de consenso entre el PSOE y el PP a la hora de elegir a sus miembros.

En una situación similar están otros órganos como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo y su renovación se ha convertido en una batalla política que amenaza con colapsar el Supremo.

El PP se ha arrogado el apoyo de la carrera judicial y todas las asociaciones se han revuelto contra esta instrumentalización, pero también exigen que se cambie el sistema de elección, mixto en la mayoría de países. Lo que falla aquí es el sentido de Estado.

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