El catalán en la oferta audiovisual

La regulación del mercado audiovisual es un buen ejemplo de como la realidad va mucho más deprisa que la capacidad de los gobiernos para regularlo.

En España la normativa vigente data de 2009, aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, y tuvo como objetivo prioritario buscar fórmulas de financiación para Radiotelevisión Española con cuotas a las televisiones privadas, que se beneficiaban de la retirada de publicidad de la televisión pública, para financiar la producción audiovisual autóctona. Pero la evolución del mercado ha ido por otro camino con la aparición de las plataformas de streaming o las de intercambio de vídeos, que se han hecho con una cuota importantísima y en muchos casos están radicadas en otros países donde pagan sus impuestos y que en la práctica se han convertido en un instrumento de colonización cultural con poca atención a la producción autóctona.

El Consejo y el Parlamento Europeo aprobaron en 2018 una nueva directiva que pretendía corregir la situación regulando estas plataformas y marcando como criterios a exigir la promoción de los contenidos y la producción europea, la protección a los menores y el rechazo a la incitación al odio que se reflejaba en algunos de los productos ofrecidos en estas plataformas.

Pero en España, aún vamos más retrasados y todavía no se ha hecho la trasposición de esta directiva aprobando una norma que renueve la impulsada por Zapatero y que se adapte a los nuevos tiempos. Ahora, el consejo de ministros tiene sobre mesa su proyecto de ley general de comunicación audiovisual, que marca los derechos y obligaciones a estas plataformas, pero el problema ha surgido con las cuotas, tanto de programación como en su catálogo, donde no se tienen en cuenta las exigencias del gobierno catalán de un porcentaje específico para las emisiones en esta lengua.

En el proyecto se contempla que se reservará el 51 por ciento de la programación y el 30 por ciento del catálogo para obras europeas y dentro de estos porcentajes el 50 por ciento como mínimo ha de ser para “producciones en castellano o en otras lenguas cooficiales del Estado”.

Es decir, que la ley deja en manos de las plataformas como Netflix o HBO la potestad de incluir producciones en catalán, en gallego o vasco sin fijar ninguna cuota, con tal de que con las de castellano lleguen al porcentaje marcado. Teniendo en cuenta que buscarán la rentabilidad, es previsible que, de no cambiar el texto, serán producciones en castellano, que pueden rentabilizar en el mercado americano, las que coparán este 50 por ciento, aumentando la discriminación que estas lenguas cooficiales ya padecen en la oferta de estas plataformas.

Cabe esperar que esta marginación se subsanará en la tramitación parlamentaria, pero no empezamos bien el diálogo si se muestra tan poca sensibilidad ante una cuestión tan esencial como la presencia del catalán en el audiovisual..