La detención de Puigdemont

La detención del expresident Puigdemont en la isla italiana de Cerdeña, a donde acudía para participar en un acto cultural, es la mejor demostración de que, en España, la política va por un camino y la justicia por otro muy diferente y a veces incluso contradictorio. Puigdemont fue detenido por las autoridades italianas al aterrizar en el aeropuerto de L’Alguer en cumplimiento de la euroorden de detención del juez Llarena de 2019 y puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sassari, que le dejaron en libertad sin medidas cautelares ayer por la tarde, a la espera de que el 4 de octubre se decida sobre la euroorden española. Hay que preguntarse por qué le detuvieron en Italia y no en Francia, donde estuvo hace unos días, y sobre todo si estaban vigentes o no las euroórdenes.

Desde el Supremo se asegura que siempre han estado vigentes, pero la defensa de Puigdemont sostiene que habían quedado anuladas el pasado mes de julio cuando el Tribunal de Justicia de la UE dijo que no había riesgo de que fuera a ser detenido, tesis que incluso sostuvo en sus alegaciones la abogada del Estado (que es quien representa a España en el tribunal europeo) explicando que, mientras no se dirimieran las cuestiones prejudiciales, ningún juez europeo iba a ejecutar la euroorden, por lo que no hacía falta devolverle la inmunidad. No ha sido así y en esta interpretación está la clave jurídica del asunto, parece evidente que el Supremo y la abogacía del Estado no coinciden y habrá que ver si los jueces italianos coinciden con los belgas y alemanes, que ya se pronunciaron por la libertad de Puigdemont cuando fue detenido en sus territorios, si los tribunales europeos conceden las medidas cautelarísimas y su inmunidad como eurodiputado o si al final la Corte de Sassari atiende la petición del Supremo y entrega Puigdemont a la justicia española, opción que parece la menos previsible, teniendo en cuenta los precedentes, su condición de eurodiputado y su puesta en libertad de ayer. Pero si enmarañada está la interpretación jurídica del caso, más meridiana es la lectura política de que la detención ha llegado en un momento nada oportuno para el proceso de diálogo abierto entre los gobiernos de Sánchez y Aragonès y que solo favorece a quienes desde aquí insisten en que con España no hay nada de que hablar y quieren que vuelva la tensión a las calles y a quienes, desde allá, solo saben reclamar mano dura  e inmovilismo para resolver el conflicto.

Y los grandes perjudicados son los auspiciadores del diálogo: el President Pere Aragonès, porque ve cuestionada su buena voluntad y porque si la mantiene tendrá que soportar ataques desde el propio independentismo, y Pedro Sánchez, porque sin el apoyo de ERC puede ver peligrar los presupuestos, la estabilidad parlamentaria y su apuesta por la política para resolver la cuestión catalana..