Más gasto público y fondos europeos

El Gobierno ha aprobado el proyecto de presupuestos más expansivo de la historia con un récord de gasto público, 248.000 millones se destinarán al llamado gasto social y 40.000 millones a inversiones, y aunque necesita el apoyo de los socios parlamentarios, PNV y ERC, se da por supuesto que no habrá mayores problemas porque en esta ocasión hay dinero.

Otra cosa es que se distribuya con equidad y llegue a quién lo necesita, pero sobre el papel hay dinero en abundancia, primero porque llega el maná europeo en forma de 27.633 millones de ayudas comunitarias, que pueden llegar en futuros ejercicios a los 70.000 que no hay que devolver, y también porque Bruselas ha suspendido las reglas fiscales del pacto de estabilidad que impedían aumentar el déficit fiscal. Es lo obligado tras la pandemia, que había generado la mayor crisis económica desde las guerras, y el Gobierno mantiene la política aplicada de más gasto, más inversión e incentivos a la recuperación económica.

Es la política que toca en estos momentos y para la que destina fondos la Unión Europea, y es la oportunidad para modernizar infraestructuras y economía asumiendo las reformas estructurales pendientes.

Pero si hay que aplaudir la filosofía y las intenciones de los presupuestos, también hay que advertir sobre el escenario optimista que contempla, en cuanto a crecimiento del PIB, un 6,5 por ciento recogido ahora tras una previsión inicial y rebajada de casi el 10 por ciento, o en la recaudación fiscal, con un crecimiento previsto del 8,1 por ciento con récord recaudatorio con subidas por encima del diez por ciento en el impuesto sobre sociedades o de casi el diez por el IVA, que presuponen mucha recuperación económica o que tenga mucha repercusión el tipo mínimo del 15 por ciento en el impuesto sobre sociedades, sobre cuyo impacto recaudatorio discrepan PSOE y Podemos, o bien que salga penalizado el ahorro privado con la limitación de las aportaciones a planes de pensiones deducibles. Y también se percibe optimismo en el objetivo de déficit para 2022, el 5 por ciento del PIB, porque supone reducir a la mitad la deuda de 2020 en dos años, con lo que, de cumplirse, el Gobierno conseguiría reducir el endeudamiento al mismo tiempo que ha multiplicado el gasto público, confiándolo todo a la inyección de fondos comunitarios y al aumento de recaudación fiscal como consecuencia de la recuperación económica.

Si falla una de estas premisas, y la segunda es la más complicada de cumplir, las cuentas pueden dejar de cuadrar porque las partidas de gasto social, con incremento de sueldos de funcionarios y pensiones, son inamovibles.

Son los segundos presupuestos del gobierno de coalición, y se ha notado la mano de Podemos en las cuestiones fiscales, pero a todos nos conviene que se puedan cumplir y que no haya elementos distorsionadores como la pandemia que los hagan irrealizables.