El debate de las renovables

El presidente Aragonès y la consellera Jordà presentaron el miércoles su plan para las energías renovables, que enmienda el aprobado hace solo dos años, que contempla dar más poder al territorio y a los ayuntamientos para la instalación de plantas fotovoltaicas y renovables, intentando evitar así el rechazo que se genera, y anunciaron a medio plazo la creación de una empresa eléctrica que gestionaría las centrales hidráulicas. El objetivo es completar la descarbonización total de la generación de energía en Catalunya y compartir con el territorio la autorización de nuevas plantas, pero el problema es que vamos muy retrasados con las energías renovables después de dos años de semiparalización por criterios normativos y también por el rechazo a algunos proyectos que se ha traducido en que, como decíamos el pasado martes, en Lleida solo se ha empezado la construcción de un parque eólico en ocho años con 42 paralizados y que en Catalunya hay 600 proyectos de plantas renovables parados. La consecuencia es que, según los datos de 2019, los últimos disponibles, solo un diez por ciento de la energía que consumimos procede de las renovables, la mitad del objetivo fijado por la Unión Europea, y por debajo de la media estatal y también por debajo de los objetivos marcados en el proyecto de 2019, que preveía en 2030 que el 50 por ciento de la energía renovable procediera de las renovables.

La misma consellera admitió que tendrían que desplegarse en 9 años más de 10 gigawatios procedentes de las renovables, la misma potencia que la infraestructura eléctrica construida en el último siglo. A este retraso hay que añadir que aproximadamente el 40 por ciento de la energía que consumimos en Catalunya tiene origen nuclear y que los planes del Gobierno central prevén el cierre paulatino de las centrales, con 2030 como fecha señalada para Ascó y en 2035 el fin de la energía nuclear. Este cierre aumentará el déficit energético de Catalunya porque será complicado que para estas fechas esté desplegada la alternativa de las renovables, que evidentemente son la alternativa más sostenible siempre que se consiga un término medio entre las demandas de los instaladores y el equilibrio del territorio, que no quiere verse inundado de molinos de viento y placas solares, que en muchos casos se instalan en terrenos de cultivo.

Con la reforma se blinda esta posibilidad en los cultivables de más valor y se limita al diez por ciento de la superficie de secano del término municipal. También se incluyen restricciones a los promotores que no cuenten con la autorización municipal y del 50 por ciento de la superficie ocupada y se obligará a los promotores a ofrecer un 20 por ciento como mínimo de la participación a los vecinos y queda la expropiación como último recurso. El tiempo lo aclarará, pero todo apunta a que será más complicado construir más plantas de renovables.