Eléctricas públicas

En el Génesis todo fue fácil: “Y dijo Dios: Hágase la luz; y la luz se hizo.” Pero en la Tierra la electricidad se ha convertido en un lujo, a pesar de ser un servicio básico. Ante la escalada de precios sin precedentes, la Generalitat ha anunciado esta semana que impulsará la creación de una compañía eléctrica pública. El nuevo decreto dejará atrás el de 2019, dedicado a alcanzar una potencia de 10 GW de energías limpias en 2030, frente a los 3,5 actuales.

El resultado fue un alud de proyectos que provocó alarma y protestas en las comarcas que concentraban más molinos y paneles solares, como la Segarra, Les Garrigues y el Pallars Jussà. Una eléctrica pública puede sonar a utopía, pero lo cierto es que ya hay más de seis mil leridanos que pagan sus recibos de la luz a una decena de empresas que están en manos de ayuntamientos. Suministran a los vecinos desde hace décadas y han sobrevivido a otras compañías que han acabado disueltas o absorbidas por grandes operadoras.

Sus responsables se esfuerzan en abaratar las facturas y asegurar al mismo tiempo su viabilidad económica. No es fácil. El mercado de la energía funciona a lo grande, literalmente.

Y una multinacional con miles de empleados tiene las mismas obligaciones que la eléctrica municipal de Almenar, que tiene contratados a cuatro trabajadores fijos y dos eventuales. Es David contra Goliat. Y solo los grandes compradores pueden tener una cierta capacidad para negociar precios a la hora de adquirir energía.

A los pequeños no les queda otra que adaptarse a cambios cada vez más frecuentes. Por eso no deja de ser sorprendente que un municipio como Montoliu de Lleida, de menos de 500 habitantes, tenga una eléctrica municipal que da servicio a unos 300 abonados con una plantilla de una empleada, además del trabajo sin retribución que le dedican los concejales. En total, hay 19 comercializadoras eléctricas con sede en las comarcas de Lleida, de las cuales una decena son municipales y otras nueve, empresas privadas.

Además de Almenar y Montoliu, Albatàrrec, Llimiana, Ponts, Salàs, Sudanell, Talarn, Tírvia y Torres de Segre venden luz a sus vecinos y la distribuyen a través de 142 kilómetros de líneas eléctricas municipales. Y también hay ayuntamientos como los de Els Alamús, Torrebesses, La Granadella y Vallfogona de Balaguer que se han convertido en pioneros del autoconsumo compartido. De hecho, en el centro de los planes de la Generalitat también está la promoción de comunidades energéticas y el autoconsumo compartido.

Sin embargo, ahora la posibilidad de asociarse para compartir energías renovables se ve limitada por la legislación estatal: establece que los consumidores que compartan una instalación no pueden estar a más de 500 metros de los paneles solares que generan electricidad. Hay mucho camino por recorrer, todavía.