Tormentas entre socios

Las relaciones entre los dos socios de gobierno, PSOE y Podemos, que se habían normalizado tras la marcha de Pablo Iglesias, vuelven a estar agitadas hasta el punto de que este fin de semana se ha vivido la peor crisis entre los dos socios. Dos temas han agitado las relaciones hasta propiciar la reunión de la comisión de seguimiento del pacto: por una parte la decisión de la presidenta del Congreso Meritxell Batet de retirar su acta al diputado de Podemos Alberto Rodríguez y en segundo lugar la postura ante la reforma laboral y quien debe participar en la negociación. La retirada del acta de Rodríguez por una sentencia que condena a mes y medio de prisión, sustituida por una multa, por unos hechos ocurridos en 2014 y que pese a la sentencia no han quedado aclarados parece un castigo excesivo pese a la presión del Supremo y de la derecha porque se ha tomado contra la decisión de los letrados de la cámara.

De hecho, la sentencia no explicitaba la pérdida de derechos que conllevaba y tampoco el Supremo ha aclarado si debe dejar de ser diputado porque los hechos juzgados antes de su elección y los letrados del Congreso han interpretado que la pena accesoria de inhabilitación se refiere al derecho de sufragio pasivo, es decir a ser elegido, no a la representación obtenida por los votos. Y menos aún cuando la multa sustitutoria ha sido pagada y cuando la presidenta del Congreso podía pedir aclaraciones para evitar la interferencia del poder judicial en el legislativo. En cualquier caso, es un castigo excesivo que ha enturbiado las relaciones entre los socios porque Podemos se queja de no haber sido informado ni consultado y ha pedido la dimisión de Batet, mientras Rodríguez llevará el caso al Constitucional que tendrá que aclarar si un tribunal puede exigir la retirada del acta de diputado por unos hechos anteriores a su elección y por una multa de 540 euros.

El segundo episodio de la crisis ha llegado con la reforma laboral que la ministra de Trabajo quiere derogar, mientras que los socialistas son partidarios de reformar. Al margen de la diferencia de posturas, la negociación la llevaba Yolanda Díaz, mientras que Sánchez estima que es una cuestión de gobierno y no de un solo departamento que compete a varias carteras y el enconamiento se agudiza si interviene en la negociación la vicepresidenta Nadia Calviño, y como además del consenso interno se necesita la aprobación de Bruselas, de la que dependen fondos europeos la cuestión se complica porque está en juego el liderazgo de Calviño o de Díaz y la profundidad de los cambios en la reforma laboral. La crisis llega, además, en vísperas de la negociación presupuestaria con exigencias del PNV y de ERC que no serán fáciles de conciliar.

Puede entenderse que son disputas propias de un gobierno de coalición, pero aquí falta costumbre y cada discrepancia, si no se resuelve a tiempo, puede convertirse en una crisis.