Más educación digital

Las instituciones en su momento se volcaron en facilitar el acceso a internet en todas las casas, pero realmente no se preocuparon en educar a la ciudadanía en cómo usarlo, explica Jorge Flores, el fundador y director de Pantallas Amigas, una web que vela por el uso seguro y saludable de internet y otras tecnologías de la información en la infancia y la adolescencia y que aboga por una ciudadanía digital. En la entrevista que publicamos ayer, Flores advierte que los menores están más expuestos a los delitos cibernéticos, no están proporcionalmente acompañados y son susceptibles de convertirse en víctimas de la imprudencia o la ignorancia de tener en sus manos una herramienta desconocida y pueden convertirse en víctimas, pero también cometer delitos si no se establecen y se aplican los filtros necesarios. El problema se ha agravado con la pandemia porque con los confinamientos se han detectado unos hábitos de sobreúso, multiplicados por la mejora y el abaratamiento del acceso, que permite subir vídeos sin ningún filtro, ni moderación.

El resultado es que se han multiplicado los casos de ciberbullying, que se ha convertido en el principal problema para los jóvenes, por encima incluso de la pornografía infantil. Algo no estamos haciendo bien y tenemos un problema en cuya solución han de intervenir tanto los padres, acompañando gradualmente en este acceso a internet de los adolescentes, como las instituciones estableciendo los filtros necesarios y el conjunto de la sociedad fomentando la educación digital.Tumbada la segunda alarmaEl Constitucional se ha convertido en un auténtico azote del gobierno y tras tumbar la primera declaración del estado de alarma, que conlleva la devolución de las multas impuestas, llegó el lunes la anulación del impuesto de plusvalía y ayer se conoció que también ha fallado en contra del segundo estado de alarma. En esta ocasión, ha sido porque considera infundada y no razonable la duración del estado de alarma durante seis meses, entendiendo que se fijó de “un modo inconsistente y sin coherencia” y también declara inconstitucional la cogobernanza aplicada porque se delegaban determinadas funciones en las autonomías sin que tuvieran las competencias transferidas.

En esta ocasión, el tribunal no ve contrarias a la Constitución las limitaciones a la movilidad y al toque de queda como sucedió con la anulación del primer estado de alarma, por lo que en principio habrá menos consecuencias prácticas a la hora de devolver sanciones, pero es un mal precedente que el máximo tribunal enmiende la plana al ejecutivo y no es bueno para la estabilidad jurídica que tengan que anularse decisiones que fueron trascendentales en plena pandemia.