Choque de derechos

Aunque la situación de la pandemia en España parece bien encarrilada, los epidemiólogos advierten que suben los casos y que parte de Europa empieza a padecer una nueva oleada de contagios. Curiosamente es la parte en la que menos se ha vacunado, Rumanía o Bulgaria con solo un 30 y un 22 por ciento de la población con la pauta completa y las UCI vuelven a llenarse. Aquí, afortunadamente tenemos el 80 por ciento de la población inmunizada, pero es preocupante que haya un 20 por ciento que pese a las facilidades sigan sin querer vacunarse, pese a que las autoridades sanitarias catalanas advertían la semana pasada que los no vacunados tenían cinco veces más posibilidades de acabar en la UCI que los ya vacunados y que las alemanas han recordado que el 90 por ciento de los ingresados en las UCI por Covid no estaban vacunados.

Frente a estas evidencias, sorprende que el 5 por ciento de los profesionales sanitarios de Lleida, unas 280 personas, hayan optado por no vacunarse abriendo todo tipo de interrogantes sobre el riesgo que entraña para las personas que atienden. Es un debate abierto en todo el mundo sobre el choque de los derechos individuales de quienes no quieren vacunarse con el derecho de los demás a exigir que se proteja la salud pública que en cada país se resuelve de manera diferente: desde soluciones tan drásticas como negar que el Estado cubra la atención médica por Covid a quien no esté vacunado o prohibir la entrada en recintos públicos a los no inmunizados como han hecho algunos lander alemanes, mientras que otros países generalizan la exigencia del pasaporte Covid no solo para restaurantes y actividades de ocio como en España, sino también para los centros de trabajo. El último choque de derechos se ha vivido en Estados Unidos, donde Biden propuso la vacunación obligatoria en las empresas de más de cien trabajadores.

Orden que ha sido suspendida por un tribunal federal de apelaciones. En España podría pasar algo similar a la vista de la regulación legal, aunque otros expertos sostienen que hay argumentos suficientes para exigir a quienes no se quieran vacunar, que están en su derecho a no hacerlo, que tengan que superar otros requisitos como la presentación de pruebas que demuestren que están libres de Covid o tengan que aceptar determinadas restricciones en sus derechos para respetar los de la colectividad. Pero los gobernantes, de momento y si no se agrava la situación, tampoco son partidarios de aprobar nuevas restricciones que siempre son impopulares, y tampoco de introducir reformas legales que cambien el marco actual en el que no se puede obligar a nadie a vacunarse y tampoco a que pueda sentirse discriminado.

Siguen confiando en el convencimiento a los recios y en alcanzar el nivel de inmunidad colectiva, pero se mantiene un factor de riesgo con los no vacunados en determinados ámbitos.