El debate sobre las pensiones

Con la Seguridad Social y las pensiones llevamos años oyendo anuncios de reforma, globos sonda sobre el aumento del tiempo de cómputo la semana pasada y advertencias de que tendrán que rebajarse porque la caja está vacía. Uno de los problemas es que tras la época de vacas gordas se vació con rapidez el fondo de reserva y apenas quedan ahora 2.100 millones, que son insuficientes para cubrir el déficit que se genera mensualmente, porque con las cotizaciones de los que están en activo no llegan a garantizarse todos los pagos a pensionistas, con el agravante de que la tendencia es que haya más pensionistas, que vivan más y que cobren pensiones más elevadas. De hecho con la jubilación de los llamados baby boomers, los nacidos entre 1958 y 1977, aumentará generosamente el número de pensionistas porque representan 14 millones de personas, 2,5 millones más que los nacidos en los veinte años anteriores y 4,5 más que en los veinte años siguientes, que son los que tienen que cotizar para pagar estas pensiones.

Si hay menos cotizantes o cotizan menos, como es previsible con las sucesivas crisis que hemos padecido, el déficit aumenta porque el sistema de pensiones español prevé que sean los que están en edad activa los que sufraguen las cotizaciones de los que cobran pensión y así sucesivamente, de forma que en épocas de pleno empleo había superávit y se llenó el fondo de reserva y cuando hay crisis sucede al contrario, sin aplicar criterios acumulativos como se hace en otros países o como contempla la famosa “mochila austriaca”. Para corregir el déficit y mantener el sistema, se pueden contener las pensiones, buscando fórmulas como aumentar el periodo de cómputo, que en la práctica se traduciría como una rebaja de las pensiones, o bien aumentar los ingresos con mayores cotizaciones. Se han lanzado globos sonda sobre la primera opción, planteada por Bruselas, pero de momento se ha llegado a un acuerdo para aumentar las cotizaciones un 0,6 por ciento que empezaría a cobrarse a partir de 2023 y evitaría los recortes en la pensión inicial que se aplicarían en función del factor de sostenibilidad vigente.

Bien está que haya acuerdo con los sindicatos para evitar recortes y mantener el poder adquisitivo, pero la cara negativa es que se ha descolgado la patronal, que entiende que la medida va en dirección contraria a lo que necesita el sistema y carga el mayor peso en las empresas, con consecuencias negativas para el empleo. De hecho, el aumento previsto del 0,6 por ciento que se repartía entre empresa –0,4– y trabajadores –0,2– se cambió a última hora y pasó a ser del 0,5 para las empresas y el 0,1 para los trabajadores. Habrá que ver hasta dónde llega la oposición de la CEOE, pero hay un punto de partida con el acuerdo entre gobierno y sindicatos para garantizar un sistema sostenible de cara al futuro.