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Un aumento de las partidas para vivienda pública, para la Formación Profesional y el compromiso de recuperar la gestión pública para las llamadas a emergencias médicas y el teléfono de atención ciudadana a la salud pública han abierto la puerta al apoyo de Catalunya en Comú a los presupuestos elaborados por ERC y JxCat después de que la CUP, el aliado preferido, insistiera en su enmienda a la totalidad. Era lo previsible a la vista de la actitud de la CUP y la forma de salir del atolladero que tiene como complemento el cambio de postura de ERC con respecto a los presupuestos de Barcelona, que ahora también apoyará. Se han salvado los presupuestos que era lo importante y en el camino ha quedado la supuesta unidad del 52 por ciento independentista cuya ruptura lamentaron tanto JxCat como la misma CUP, desde planteamientos diferentes porque el mismo conseller Giró, autor de los presupuestos, acusó a los anticapitalistas de querer lanzar su proyecto a la papelera de la historia en una actitud poco sostenible.

La negociación ha puesto sobre la mesa que se mantienen las diferencias entre ERC y JxCat, que ha dejado al presidente Aragonès la negociación final y ha mostrado, con diferentes matices, su descontento por el acuerdo alcanzado con los comunes. Parece evidente que ceder a las exigencias de la CUP hubiera desvirtuado los presupuestos elaborados por Giró y no lo es menos que pese a coincidir con el objetivo de la independencia, la Catalunya que dibuja JxCat o ERC es muy diferente a la que defiende la CUP y que la coincidencia de objetivos no puede obligar a que los caminos, los métodos o las políticas a diseñar sean coincidentes. En consecuencia, el acuerdo entre los tres socios independentistas parecía imposible y Catalunya no puede en estos momentos quedarse sin presupuestos, después de casi una década de prórrogas y provisionalidades, sin aprovechar fondos europeos y sin aprobar medidas de relanzamiento.

Descartado el apoyo socialista que no quiere ni ERC, ni JxCat, el pacto con los comunes es el mal menor para seguir adelante y buscar apoyos alternativos tan válidos como el de la CUP.Una decisión discutible

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido no autorizar la exigencia del pasaporte Covid en las zonas de ocio como pedía el gobierno vasco porque entiende que es una limitación de los derechos de reunión, de libertad ambulatoria y hasta de creación artística, porque se impediría a algunos actuar en karaokes. Parece una decisión discutible que ha contado con un voto particular en contra, porque contrasta con la decisión de los jueces gallegos, ir a los bares no parece un derecho esencial y no tiene en cuenta la protección de la salud pública.

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