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Poco ha durado la alegría por la liberación de peajes en las autopistas cuya concesión había caducado y el Gobierno ya prepara la implantación del pago de un peaje en torno a 50 euros anuales para poder circular por autovías y autopistas a partir de 2024. El peaje en la AP-2 quedó suprimido el 1 de septiembre y con la nueva fórmula habrá que pagar no solo por circular por la antigua autopista, sino también por las autovías y las vías rápidas de doble carril que hasta ahora eran gratuitas. La implantación de esta viñeta había sido repetidamente anunciada por el Gobierno siguiendo el modelo que ya está aplicándose en 25 estados miembros de la Unión Europea con la excusa de que se recauda para cubrir los gastos de mantenimiento y ha sido incluida en el plan presentado ante la Unión Europea para solicitar fondos de recuperación tras la pandemia.

Las asociaciones de transportistas ya han puesto el grito en el cielo en vísperas de su convocatoria de huelga por el incremento de costes que están padeciendo, al que ahora se añadirán los 80 o cien euros que tendrán que pagar por circular por estas vías rápidas. Argumentan, y no les falta razón, que el mantenimiento de las autovías ya se cubría con los presupuestos y con los impuestos que pagamos todos que gravan los carburantes o los específicos de la automoción, pero desde el Gobierno se entiende que los costes de mantenimiento se dispararán, que con los presupuestos hay que atender otras prioridades y hay que adaptarse a lo que hacen el resto de países europeos. Habrá que esperar a conocer los detalles del nuevo peaje y si se concreta la cuantía de la viñeta, pero es evidente que los ciudadanos salimos perdiendo porque se añade una nueva tasa, porque circular por las autovías ya no será gratuito y porque se grava un poco más a unos sectores como el del transporte o la automoción que ya atraviesan momentos difíciles.

Es evidente que si queremos buenos servicios hay que pagar tributos, pero también hay una cuestión de medida y de negociación y no cargar todos los costes sobre los mismos hombros.

Pasaporte Covid

Si los jueces no lo impiden, esta misma semana entrará en vigor en Catalunya la obligación de exhibir el pasaporte Covid, que certifica estar vacunado, para acceder a locales de restauración, gimnasios o residencias, ampliando la norma actual que lo exigía para acceder a discotecas y conciertos. Es una medida lógica y adecuada teniendo en cuenta el repunte de casos y que todavía hay un 14 por ciento de catalanes que aún no se han vacunado.

Es una forma de incentivarles a que lo hagan y también de garantizar el freno de contagios en estos locales antes de que vuelvan medidas más drásticas.

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