Crear problemas donde no existían

El mismo día en que se anunciaba el apoyo de ERC a los presupuestos a cambio de, entre otras cosas, incluir una cuota del 6 por ciento en las lenguas cooficiales en las plataformas audiovisuales, se conocía la sentencia del Supremo que desestimaba el recurso de la Generalitat contra la sentencia que imponía un 25 por ciento de clases en castellano en las escuelas catalanas. Una vez más, los políticos van por una parte y los jueces por otra, con el agravante de que vuelven a colocar la cuestión de la lengua en el disparadero, cuestionan el modelo de inmersión lingüístico que se puso en marcha con un amplísimo consenso y ha sido una experiencia exitosa y por encima de todo crean un problema donde no lo hay. La decisión del Supremo es consecuencia de un recurso presentado por el gobierno del PP en 2015 sobre el que se dictó sentencia el año pasado y se planteaba en virtud de lo establecido en la llamada ley Wert que colocaba al castellano como lengua vehicular, pero da la casualidad de que esta ley ya no está vigente y que la ley Celaá, que la ha sustituido, ya no impone el carácter vehicular del castellano, sino que exige que se garantice el aprendizaje del castellano y el catalán, algo que evidentemente se cumple en el sistema educativo catalán como prueban las evaluaciones que se hacen que en algunos casos incluso muestran mejor conocimiento del castellano en Catalunya que en autonomías monolingües.

En consecuencia, ya se cumple con lo marcado por la ley educativa vigente y no tendrían que registrarse mayores cambios como insistió el conseller de Educación y admitió la misma ministra estatal. Pero la sentencia del Supremo choca además con la realidad lingüística de la escuela catalana donde solamente se han registrado desde 2015 ochenta peticiones de escolarización en castellano, una cifra que muestra claramente que no hay problemas con la inmersión y que los docentes ya actúan con flexibilidad como muestran los últimos estudios que reflejan que menos de la mitad de los profesores, un 46,8 por ciento, se dirigen habitualmente a sus alumnos en catalán y que precisamente hay quejas de que es el catalán el que ha retrocedido en las escuelas frente al castellano por el peso de la inmigración. Por otra parte, no parece de recibo que sean unos juristas desde Madrid los que impongan cuotas sobre el idioma porque la realidad es muy distinta y no se vive la misma situación en una escuela de Les Garrigues, que en una del extrarradio barcelonés, y en consecuencia no pueden aplicarse los mismos baremos.

Son ganas de crear problemas donde no los hay por parte de quienes presentan recursos y también por quienes los interpretan de una manera tan sesgada y nadie puede negar que la inmersión lingüística ha funcionado bien, que ha garantizado el conocimiento de los dos idiomas y que ha fomentado la integración y la convivencia, que es de lo que se trata.