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El Gobierno consiguió salvar su política de energías renovables y sacar adelante en el Parlament el decreto ley impulsado por la consellera Jordà que enmendaba el de 2019 tras una década de parálisis que ha llevado a Catalunya a estar en el furgón de cola de la producción de energía renovable. El sector criticó las restricciones impuestas por el decreto, que ha sido suavizado al aceptarse algunas enmiendas de JxCat para reducir la distancia de las nuevas instalaciones a las casas o la participación en el accionariado del territorio, pero siempre será mejor tener una norma reguladora que no ver como los numerosos proyectos instalados quedaban estancados y paralizados. Se intenta buscar un equilibrio entre la necesidad de generar más energía renovable y evitar el impacto que representan macroparques fotovoltaicos o eólicos que destrocen el paisaje y acaben con la tierra cultivable, pero vamos contra reloj para cumplir las previsiones de producción renovable, que en Catalunya apenas representa el 20 por ciento de la generación eléctrica, incluyendo la hidráulica, que sigue siendo la mayoritaria y representa más de la mitad, mientras que en España ya alcanza el 44 por ciento con un 54 por ciento de potencia instalada, que en Catalunya se queda en el 30.

El problema se agravará cuando en la próxima década, si se cumplen las previsiones y no hay aplazamiento, se apaguen los grupos nucleares de Ascó y Vandellòs, que representan el 54 por ciento de la generación eléctrica en Catalunya. Comoquiera que la producción hidráulica no puede incrementarse, habrá un déficit energético importante que solo puede cubrirse con el desarrollo de las renovables, básicamente eólica o fotovoltaica. De momento, hay unos 300 proyectos fotovoltaicos y unos 150 eólicos paralizados en Catalunya, de los que cien plantas solares y una veintena de eólicas están previstas en Lleida que ahora volverán a la casilla de salida para ver si cumplen los requisitos de la nueva normativa o se adaptan, pero los expertos consideran complicado que se puedan alcanzar los objetivos de 10.000 MW producidos en renovables en 2030 y casi imposible que se llegue a los 48.000 MW programados para 2050.

El resultado será que Catalunya no podrá alcanzar el autoabastecimiento previsto en el pacto nacional para la transición energética o en la misma ley del cambio climático y habrá que importar energía, bien de Francia, donde han apostado por intensificar su programa nuclear, o bien de Aragón, donde sí han apostado por la energía solar y eólica con grandes proyectos y excedentes de producción, pero también chocaría con la oposición que ha levantado los proyectos de líneas de alta tensión que cruzarían las comarcas de Lleida para garantizar el suministro eléctrico al área metropolitana de Barcelona. Y si no se apuesta por la producción propia, siempre habría dependencia de la exterior.

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