Emergencia habitacional

El ayuntamiento de Balaguer ha alertado de la situación de emergencia habitacional, que, como hoy explicamos, afecta a casi todas las ciudades de Lleida, con más demanda de pisos sociales por parte de familias vulnerables de la que pueden atender los consistorios. Solo en Balaguer reciben unas treinta peticiones al mes de pisos sociales que no pueden atender porque no tienen habitages y de momento paralizan los desahucios programados, 88 en lo que llevamos de año, para evitar que familias vulnerables queden en la calle, pero la situación está al borde del colapso, porque el sector social cifra en 250 las familias que están a la espera de una vivienda social. La situación puede agravarse porque en febrero de 2022 acaba la moratoria de desahucios decretada por el Gobierno, que no ha sido todo lo efectiva que sería deseable porque los jueces no siempre han acreditado la condición de vulnerabilidad de los afectados y la interpretación ha sido muy dispar.

Vivimos la paradoja de que hay más pisos vacíos que nunca y también más necesidad que nunca de familias sin vivienda. Desde el tercer sector se hace un llamamiento a los propietarios de habitages desocupados, principalmente bancos, para que negocien con las administraciones su cesión o su alquiler de forma que se pueda paliar el problema con alquileres sociales, a la par que se pueden arbitrar medidas complementarias como aplazar los lanzamientos mientras no haya alternativas o decretar nuevas moratorias mientras no hay más disponibilidad de viviendas sociales. El problema es que los ayuntamientos disponen de un pequeño margen de maniobra ante un problema que se ha multiplicado por el impacto de la pandemia y se hace imprescindible una actuación más contundente tanto de la Agència Catalana de l’Habitatge como de la administración central para evitar que pisos vacíos se vayan deteriorando mientras familias vulnerables quedan en la calle.

Hacen falta cambios normativos y actuaciones urgentes para garantizar que el derecho a la vivienda no sea un papel mojado.Adiós a los chinos

El fabricante chino GWM ya ha confirmado que no se instalará en las plantas de Nissan que cerrarán a final de este mes y las alternativas pasan ahora por trocear la planta de la Zona Franca entre diversas empresas para garantizar el empleo de los 1.500 trabajadores que han empezado a recibir la carta de despido. Es la cuarta vez que un grupo chino dice no a Catalunya: en 2010 Montilla anunció el interés de Chery por instalarse, después Mas aseguró el interés de Brilliance, en 2017 fue Puigdemont quien dijo que la automovilística Thunder Power quería instalarse, pero los chinos siguen sin invertir aquí.