No se puede bajar la guardia

La situación sanitaria vuelve a complicarse y los efectos de la variante ómicron se traducen en un aumento de ingresos hospitalarios y mayor propagación de casos hasta el punto de que el comité de expertos de la Unión Europea ha recomendado medidas más restrictivas en cuanto a la interacción social para reducir los contactos y también los contagios. Está bien no bajar la guardia y extremar las precauciones, pero la experiencia ha demostrado que la medida más efectiva es la vacunación, y por esto hay que aplaudir que se haya iniciado la vacunación infantil, que ayudará a reducir los contagios en centros escolares y la transmisión a los mayores, pero también hay que insistir en la necesidad de generalizar la tercera vacuna, que ayer ya se autorizó para los mayores de 40 años. Hasta ahora en España se había llevado un excelente ritmo de vacunación, de forma que el 90 por ciento de los mayores de 60 años, el sector de población con más riesgo, ya había recibido las dos dosis, pero también se ha demostrado que los efectos de la AstraZeneca se debilitan a partir de los cuatro meses y se hace necesaria una tercera vacuna de refuerzo.

Aquí es donde empiezan a flojear las estadísticas porque solo la tercera parte de quienes tienen entre 60 y 69 años se había inoculado la tercera dosis, mientras que en los más mayores el porcentaje subía hasta el 76 entre los de más de 80 y el 63 entre los que han superado los 70. Por comprensible que sea el cansancio tras tantos meses de pandemia, hay que insistir en la necesidad de recuperar el ritmo de vacunación, que es la mejor garantía para controlar la pandemia y mantener una actividad cotidiana más o menos normalizada. Y antes de pensar en nuevas restricciones que nos perjudicarían a todos, también hay que intensificar la pedagogía para generalizar la vacunación en los sectores a los que no ha llegado o aplicar las restricciones a quienes no se han inmunizado.

Hay que exigir rigor con el certificado covid para acceder a la hostelería y buscar los resortes legales necesarios para acabar con la paradoja de que para visitar a internos en residencias haya que demostrar que se está vacunado mientras no se exige a los trabajadores de estos centros o tampoco a determinados sanitarios que no se han vacunado. En este sentido, Baleares ha abierto un camino al exigir a los sanitarios que no están vacunados tres pruebas semanales para ver que no dan positivo de Covid, en una medida autorizada por la justicia porque considera que solo es una tenue limitación de los derechos fundamentales, mientras que representa una garantía para la salud pública. Parece lógico que se exija a quienes no quieran vacunarse una demostración fehaciente de que ni están afectados, ni pueden contagiar, y que si hay que aplicar más restricciones se centren en los no vacunados y no en los que cumplen con las recomendaciones.