Verdades a medias sobre las energías

Uno de cada cuatro megavatios (MW) de potencia solar y eólica previstos en Lleida se tramitan ante el Gobierno español en lugar de hacerlo ante la Generalitat. Se trata de instalaciones que superan los 50 MW, el umbral a partir del cual su autorización es de competencia estatal. Sus promotores no están sujetos a las exigencias que el Ejecutivo catalán estableció el pasado mes de octubre, como informar a los ayuntamientos, obtener acuerdos con los dueños del suelo u ofrecer al territorio la opción de adquirir una participación de al menos un 20% de cada planta.

El Estado no exige ninguno de estos requisitos. Esta disparidad de criterios ha desembocado en una disputa política entre Estado y Generalitat. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, valoró que las condiciones del Govern frenan las renovables y advirtió que esto puede conllevar que Catalunya “dependa de la energía de Aragón”.

Aludía así a las líneas de alta y muy alta tensión que el grupo Forestalia proyecta para llevar a Barcelona electricidad de paneles fotovoltaicos y molinos de viento en territorio aragonés. Tres de ellas están previstas en el llano de Lleida y el Pallars Jussà, y son objeto de una creciente oposición. Frente a esta crítica, la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, y la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, niegan cualquier freno a las energías limpias y reivindican el modelo catalán.

Ambas partes tienen parte de razón porque las nuevas exigencias de la Generalitat es cierto que están frenando muchos proyectos, como la evidencia demuestra, pero también es verdad que no podemos pasar de un paisaje lleno de líneas de alta tensión a otro plagado de molinos de viento por doquier y sin orden ni control, castigando además a las comarcas menos pobladas, como las de Lleida. Ahora bien, ni Lleida, ni Catalunya en su conjunto deben olvidar que la necesidad energética creciente y el déficit de energías limpias que tenemos obliga a tomar decisiones, que evidentemente no deberían pasar por incluir el gas y las nucleares como energías limpias, por mucho que Bruselas intente vender gato por liebre. Las nucleares han sido útiles, nadie puede negarlo, pero de aquí a intentar calificar estas instalaciones como verdes hay un abismo.

Las administraciones tienen la obligación de hablar claro a los ciudadanos y es evidente que la demanda energética no cesa y los actuales recursos no dan para más. Por tanto, ha de diseñarse un futuro menos agresivo con el medio ambiente y la propia ciudadanía pero sin olvidar que nadie está dispuesto a dejar de enchufar el móvil ni un solo día para lograrlo. Y en pleno siglo XXI y con la tecnología disponible es impensable que no se consiga aunar ambos intereses sin que acaben pagando el impacto negativo los de siempre, o sea los territorios con menos ciudadanos y sin tanta influencia política directa en los órganos de poder.