El caso Djokovic y las vacunas

El final del culebrón protagonizado por el tenista Djokovic en Australia con su deportación por no haberse vacunado y por sus mentiras sobre el supuesto aislamiento incumplido tras haberse contagiado muestran como las normas han de prevalecer sobre los personalismos por significativos que sean y por mucho interés que tuvieran los responsables deportivos en que participara en el Open de Australia. Si no está vacunado, el tenista serbio ha de aceptar las consecuencias que pueda acarrearle su decisión en función de las normas vigentes en cada país y por errores que se hayan podido cometer en la gestión del caso, es evidente que el punto de partida a cumplir es la normativa sanitaria que haya adoptado cada país, que no puede obviar ni siquiera el número 1 del tenis mundial. La decisión australiana, avalada por tres jueces federales por unanimidad, marca también el camino para las entradas en el país y para la participación en eventos y coincide con la decisión del gobierno austriaco de aprobar este jueves la ley que convierte en obligatoria la vacunación a partir de los 18 años y con la intención del gobierno alemán de llevar a su parlamento a finales de este mes la ley de vacunación obligatoria que entraría en vigor a principios de marzo.

Estamos hablando de una cuestión sanitaria y hace tiempo que para entrar en determinados países es obligatorio haberse vacunado de determinadas enfermedades, por lo que no debería sorprender que se incluya también la inmunización contra el Covid para garantizar la salud colectiva. Quien por convicciones personales esté en contra de la vacunación tendrá que aceptar las limitaciones que se impongan, las posibles multas o las restricciones para acceder a locales públicos que se determinen porque, como explica el canciller austriaco, “cuando se trata de la salud de una comunidad, todos tenemos responsabilidades”. En España el debate sigue sin abrirse, tal vez por los equilibrios políticos y porque tenemos una tasa de vacunación más alta, pero pueden aplicarse similares argumentos y la potenciación del certificado Covid debería ser una alternativa para la salud de la comunidad.

Privilegios en el ParlamentMientras al común de los trabajadores nos alargan la edad de jubilación, el Parlament de Catalunya paga 1,7 millones de euros a 21 trabajadores mayores de 60 años que siguen cobrando el cien por cien del sueldo sin ir a trabajar. Según explica el diario Ara, se acogen a una licencia por edad, aprobada en 2008 durante la presidencia de Benach por la que podían disfrutar de este privilegio y además acumular trienios sin trabajar, de forma que estamos hablando de salarios que van de 4.000 a 10.000 euros mensuales. Es una falta de transparencia y una injusticia.