La vergüenza de la residencia de Tremp

El impacto de la pandemia en las residencias de ancianos fue brutal con una elevada mortalidad y una sensación de desamparo que todavía no se ha aclarado. Ha habido muchas denuncias de familiares en toda España, pero la mayoría no han prosperado en los tribunales al entenderse que hicieron lo que pudieron teniendo en cuenta la falta de medios y la generalización de la pandemia. Pero no ha sido este el caso de la residencia de Tremp donde fallecieron en apenas un mes, entre el 21 de noviembre y el 25 de diciembre de 2020, 64 de los 142 residentes por el virus, pero también, según la fiscalía, por la negligencia de la dirección del centro que ni aplicó las normativas de la Generalitat, ni reaccionó de la forma adecuada cuando se registró el primer caso.

El relato que hace la fiscalía es escalofriante y refleja un auténtico escenario de los horrores, de forma que no se separó a los contagiados de los que seguían sanos, no se sectorizó la residencia en zonas como marcaban los protocolos, no se informó ni se dotó de la protección adecuada a los trabajadores y tampoco se fijaron los circuitos pertinentes para la distribución o retirada de alimentos, ropa o residuos. Se tardó en notificar los primeros positivos y evidentemente no se informaba a los familiares de los enfermos o de los residentes, de forma que tuvieron que ser sus familiares los que tenían que buscarlos y en ocasiones los encontraron ya muertos, los residentes llegaron a pasar hambre, sed y frío y se llegó a registrar que se había tomado la temperatura e incluso se habían suministrado medicamentos a residentes que ya habían fallecido. Semejante desastre se ha traducido en la acusación por tres delitos de homicidio imprudente, trato degradante y delito contra los derechos de los trabajadores a la directora de la residencia y a la responsable de higiene sanitaria del centro, a expensas de que puedan ampliarse las responsabilidades a otras personas.

Nada devolverá la vida a los ancianos fallecidos, ni resarcirá a sus familiares del dolor padecido, pero hay que reclamar justicia por semejantes desafueros y exigir todas las responsabilidades para que nunca más se repita un episodio tan vergonzoso.Por imperativo legal

Después del amago de suspensión de la actividad parlamentaria y de mucha escenificación, la secretaria general del Parlament ha notificado la retirada del escaño de Pau Juvillà y la presidenta Borràs dice que ni lo sabía, ni lo ordenó, provocando más tensión entre los independentistas. Cierto que el motivo de inhabilitación de Juvillà es banal y que la sentencia no es firme, pero la normativa es la que es y su incumplimiento tiene consecuencias. Al final se ha repetido la historia vivida con Torra y Torrent.