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Un informe encargado por la Cambra de Comerç cifra en 428 el número de empresas que han cambiado su sede social de Lleida a otras provincias, en el proceso que se conoce como deslocalización de empresas, que por razones diversas que van desde las estrictamente de expansión a otras más relacionadas con el exceso de burocracia o las facilidades que encuentran en otras provincias pasando por las puramente políticas han decidido cambiar su sede social e instalarse en otras zonas. Es un fenómeno significativo porque afecta al 3,20 de las empresas de la provincia y porque está muy por encima de lo que sucede en otras provincias de similares magnitudes económicas y demográficas y que, además de provocar una salida de inversiones, también redunda en fuga de talento y pérdida de puestos de trabajo. Analizando la marcha de empresas, el informe destaca que la mayoría de empresas deslocalizadas ha marchado a Barcelona, un 34 por ciento, que se beneficia del efecto de capitalidad, de mejores infraestructuras y de más proximidad con potenciales clientes, pero, en segundo lugar, figura Huesca como provincia beneficiaria, que acoge un 14,4 por ciento de las empresas que han marchado y, en tercer lugar, Madrid, que se lleva un 14 por ciento de las empresas que han cambiado su sede social desde Lleida.

En estos dos casos, sí hay componentes económicos, políticos y de promoción industrial que conviene valorar para corregirlos y evitar que la fuga se convierta en fenómeno endémico que merme aún más el tejido industrial de nuestra provincia. En el caso de Madrid, el informe habla de razones fiscales e incluso de subvenciones, pero es preocupante la marcha de empresas de Lleida a Huesca que afecta sobre todo al sector agroalimentario y ganadero y porque las razones aducidas pasan por cuestiones que podrían ser subsanables con otra política industrial. De entrada, las empresas que han marchado alegan que en los pueblos de Huesca próximos al límite provincial, como Fraga, Binéfar, Monzón o Zaidín, han encontrado más facilidades administrativas y burocráticas para instalarse, mientras que en Lleida topan con trabas de todo tipo y mayor carga fiscal.

A esto hay que añadir otras cuestiones como el terreno disponible, los precios, buenas infraestructuras y también una estabilidad política que aquí no tuvimos con el procés, resaltando que justamente los años 2017 y 2018 fueron los años con más deslocalizaciones, 93 concretamente, y con destino a la provincia limítrofe. Son datos que la Cambra de Comerç ha puesto sobre la mesa para que las administraciones públicas tomen medidas y para evitar que Lleida quede en un vacío entre dos poderosos hubs logísticos como el de Zaragoza y Barcelona sin conexión asegurada al corredor central o el mediterráneo. Y las soluciones pasan por más agilidad administrativa y otra actitud ante el empresario. 

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