Los estados tienen que actuar

El mismo Josep Borrell, que ahora, como alto representante de la Unión Europea para política exterior, recomienda a los europeos que bajen la calefacción para depender menos del gas ruso, declaraba hace unos años que una de las funciones del Estado en las democracias era corregir los desequilibrios del mercado. Solo hay que ver la evolución del precio de la luz, con una subida de promedio del 800 por ciento con respecto al año pasado, para comprobar que no están cumpliendo con esta función, sino todo lo contrario porque están dejando que el precio de la luz se dispare sin intervenir con un sistema de fijación de precios abusivo para el consumidor y en el que además la Unión Europea forzó en 2021 a eliminar el tope de subidas en España para adaptarse a los criterios comunitarios. No es solo consecuencia de la guerra de Ucrania porque los precios ya estaban disparados antes de que estallara, sino de un sistema de fijación absurdo que premia la energía más cara, cuyo precio se aplica a toda la producción, pagando a precio de solomillo toda la carne que se vende con la consiguiente especulación.

Ahora que se ha disparado el precio del gas, porque Rusia es el principal suministrador a toda la Europa central, la electricidad va a remolque y toda se paga al precio del gas pese a que gran parte de la producción en la mayoría de otros países procede de las renovables o de la nuclear. El resultado es que hemos alcanzado unos precios absolutamente escandalosos que, si no se cambia el sistema, aún pueden subir más, como auguran los expertos, y que hacen insostenibles las actividades económicas más dependientes de la energía. De hecho, las siderúrgicas españolas ya anunciaron que paralizaban su producción por los altos costes y la mayoría de sectores están agobiados por el incremento de precios en las materias primas, los carburantes y el efecto cascada, con una inflación que ha vuelto a índices de las peores épocas.

Con estos datos, la anunciada recuperación tras la pandemia sufrirá un parón y todo apunta a que vendrán tiempos peores. Frente a estas amenazas, las administraciones están mostrando una inoperancia total y solo cuando se ve parar a algunas industrias se anuncia que Bruselas abre la puerta a fijar un límite al precio del gas o bien a que este no se compute en la fijación de los precios eléctricos y, por otra parte, a gravar a las empresas del sector por los beneficios extraordinarios que están obteniendo. Lo pidió España hace semanas, antes de la guerra, pero consiguió escasos apoyos porque Alemania y el centro de Europa dependen del gas ruso, pero a la vista de la situación se han comprometido a estudiarlo en la próxima cumbre, aunque ya se sabe cómo van las cuestiones europeas y lo que cuesta agilizar la burocracia comunitaria.

Mientras tanto, seguiremos pagando la luz a precio de oro, sin que el Estado regule y corrija los desequilibrios del mercado.