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El Gobierno, por boca de la vicepresidenta Ribera y del ministro de la Presidencia, se ha comprometido a rebajar los precios de la luz, del gas y de los carburantes el próximo 29 de marzo. Solo se puede añadir que ya era hora y que no se entiende por qué están tardando tanto, pero también hay que recordar que el año pasado el presidente Sánchez aseguró que ningún hogar pagaría más por la luz que en 2018 y la subida media al final de año “solo” fue de un 21 por ciento y ha continuado subiendo. Ahora lo anuncian para finales de mes a la espera de lo que decida la cumbre europea en la que los países del sur volverán a plantear la desconexión del gas en la fijación de tarifas, algo que ya habían planteado, que no será fácil de conseguir y que probablemente tardará hasta mayo en repercutir en las facturas de la luz.

Pero que nadie se llame a engaño: si el gobierno quiere bajar los precios tiene margen de maniobra para hacerlo sin esperar a Bruselas y lo ha planteado alguien tan poco sospechoso para los países ricos como el secretario general de la OCDE, que durante su visita a Madrid defendió la subida de impuestos a las eléctricas para compensar la escalada de los precios de la luz. Ya lo han hecho países como Italia o Rumanía y basta recordar que las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía calculan que con las condiciones actuales de mercado las empresas energéticas pueden obtener unos beneficios conjuntos extraordinarios durante 2022 de hasta 200.000 millones de euros. Mientras tanto, hay sectores que tienen que paralizarse, otros se han visto obligados a subir precios y hemos alcanzado una tasa de inflación récord sin que el Gobierno hasta ahora haya hecho nada pese al impacto de la escalada del precio de la luz, anterior a la guerra de Ucrania y que luego se ha multiplicado, y que después han llegado los precios récord de los carburantes que repercuten en toda la economía.

Pero es que además, estos dos sectores, son los que más fiscalidad soportan por parte del Estado, un 52 por ciento en el caso de la gasolina y en torno al 50 en el caso de la luz, que también están propiciando una recaudación récord por parte del Estado a costa de los ciudadanos y las empresas. Y también hay precedentes porque hasta ahora Francia, Polonia, Irlanda y Portugal han aprobado medidas para rebajar los impuestos o subvencionar el litro de carburante. Aquí también tiene margen de reducción el gobierno de Sánchez y los mismos técnicos de la Airef consideran que hay margen para reducir los impuestos especiales, hasta un 10 por ciento en la gasolina sin plomo, y también una posible reducción del 21 por ciento del IVA, aunque en este punto habría que contar con la autorización de Bruselas.

Pero en cualquier caso hay margen de sobra para que estas subidas incontroladas no castiguen más la recuperación, a los ciudadanos y las empresas.

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