Miércoles de protestas

Ya llevamos unos cuantos días advirtiendo al Gobierno español que no debe dejar enquistar ni alargar las protestas de los transportistas, ni reducir sus demandas a un grupo de autónomos ligados a Vox. Ha sido un error desde un principio minimizar sus exigencias y a cada día que pasa se van sumando más entidades y sus repercusiones se van extendiendo por todo el Estado, aunque en Catalunya sea menor que en otras comunidades. En Lleida, todavía no es dramática la situación, pero diversas empresas ya han advertido que si en 24 o 48 horas no se concreta el paquete de medidas o se baja el precio del gasoil profesional, la cadena de distribución empezará a tambalearse y las consecuencias nos alcanzarán a todos.

No se entiende bajo ningún concepto que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiera esperar tal o cual resolución europea, porque no se pueden comparar ni los sueldos, ni las cargas fiscales de países con un PIB mucho más elevado que la media española. Tampoco se pueden demorar más las medidas a tomar para evitar que el precio de la energía acabe arruinando aún a más sectores, algunos ya muy castigados por la pandemia, sin olvidar a los ciudadanos medios, que ven cómo la inflación les quita cada mes de su cartera un mínimo de doscientos euros. Justo cuando estamos saliendo del coronavirus, que nos ha costado muchas vidas humanas y que ha diezmado seriamente toda la economía, otra crisis y del alcance que va tomando la actual tendría unas consecuencias incalculables e impredecibles.

De todo no se puede culpar a Putin y, además de intentar por todos los medios buscar la paz en Ucrania, hay que repensar algunos de los modelos económicos y fiscales actuales. El descontento de las clases trabajadoras y medias es más que evidente en la calle y no es de recibo que por intereses de terceros paguen los ciudadanos de a pie. La obligación de todo gobierno, y más uno que se autocalifica a sí mismo como “el más progresista de la historia”, es arbitrar entre los mercados y los ciudadanos, primando siempre a estos últimos.

En defensa del catalán

La inmersión lingüística es uno de los temas que más consenso político y social generan en Catalunya, porque su uso en la escuela garantiza su supervivencia fuera de ella. El catalán es también un instrumento de cohesión e integración social y por eso ha de seguir siendo vehicular. Dicho esto, es evidente que el castellano, como lengua cooficial, ha de tener un trato preferencial en la enseñanza y garantizarse su perfecto conocimiento.

Es más, también debería de adquirirse en la enseñanza pública obligatoria un buen aprendizaje del inglés, como lengua internacional que es en la mayoría de ámbitos.