Una inflación desbocada e inasumible

Tras años de inflación muy baja, en agosto, septiembre y octubre de 2021 alcanzó su nivel más alto de los últimos trece años por varios motivos. Primero, la economía se estaba reactivando rápidamente después del golpe sufrido por la pandemia a medida que iban eliminándose las restricciones. Hemos vuelto a salir, a viajar, a ir a restaurantes y a comprar y el consumo apuntala en buena medida la evolución del PIB.

Con una economía en recuperación, los precios tienden al alza. De hecho, las empresas estaban teniendo dificultades para atender el repentino aumento de la demanda al tiempo que reconstruían las cadenas de suministro que se han visto gravemente afectadas por la pandemia, y la huelga del transporte lo ha agravado, con el consiguiente incremento de costes. La Covid ha provocado, por ejemplo, que determinados productos, como aparatos electrónicos y materiales para reformar viviendas, se hayan disparado.

Segundo, el petróleo, el gas y la electricidad se han encarecido en todo el mundo. Los precios de la energía se ven afectados por muchos factores: desde el menor viento en el Reino Unido, que dejó los molinos parados, a las sequías en Brasil que redujeron la producción de energía en las presas, y el frío invierno del año pasado que mermó las reservas de petróleo y gas. Y tercero, por si esto no fuera suficiente, la invasión rusa de Ucrania y las sanciones económicas impuestas a Vladímir Putin han encarecido los productos agrarios ya que Ucrania es uno de los grandes proveedores mundiales de cereales o aceite de girasol y Rusia es líder mundial en exportación de trigo y la dependencia europea de su gas es conocida por todos.

Estos tres principales factores nos han llevado hasta el récord del aumento del IPC del último año, dejando una inflación desbocada hasta el 9,8% este mes, el más alto en los últimos 37 años. Este aumento del coste de la vida es totalmente inasumible para las familias y las empresas, los primeros porque no podrán hacer frente a sus gastos corrientes porque los sueldos en ningún sector podrán crecer parejos a la inflación, y a las segundas porque los elevados costes, desde los sueldos a las materias primas, serán complicados de equilibrar. Y dado que la contienda bélica no lleva camino de acabarse pronto, y aunque así fuera sus consecuencias se alargarían en el tiempo, urge que patronales y trabajadores negocien un nuevo pacto social para repartir los costes de la guerra y las oportunidades que surjan cuando retorne la paz.

Y, evidentemente, compete al gobierno de la Generalitat, al español y a la Comisión Europea aprobar y activar todos los mecanismos necesarios para que la inmensa mayoría de los ciudadanos no acaben pagando los errores de todo tipo de las administraciones, desde los de planificación a los diplomáticos, entre otros motivos porque si se rompe la cadena social y económica, nadie quedará exento de daños.