Médicos de familia agotados

Un 20% de los 2.040 médicos en activo que hay en Lleida, unos 400, tienen más de 60 años y se jubilarán a lo largo de los próximos cinco años, según datos del Colegio de Médicos. Son cien más que la previsión que había antes de la pandemia. El problema de estas jubilaciones es que será difícil cubrirlas porque no se han ofertado a tiempo más plazas en las facultades de Medicina ni de Médicos Internos Residentes (MIR).

Para paliar la evidente falta de facultativos que padecerá Catalunya en los próximos años, Salud ya ha anunciado incentivos para que los nuevos diplomados que han aprobado el MIR apuesten por la Medicina de Familia, primer y fundamental eslabón de la cadena de salud. Esta medida es acertada pero llega evidentemente tarde porque la precariedad ya está instalada en todos los CAP y un lustro es mucho tiempo para unos sanitarios que están agotados, desanimados y desbordados, tanto por la carga de trabajo, como por la falta de coordinación y planificación en un sector vital para nuestro bienestar colectivo. No es suficiente enviar más doctores, lo que pide el sector es trabajar con un mínimo de tiempo y medios para que realmente la primaria sea el pilar que diagnostique y haga el seguimiento de cada paciente, como si de su familia se tratara, y, evidentemente, con el reconocimiento que tal tarea exige.

Decenas de médicos y enfermeras emigran cada año hacia territorios donde se les valora más y este éxodo Catalunya, puntera en medicina en todas las especialidades, no puede permitírselo bajo ningún concepto.

Una inmoralidad

El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha dado la orden de embargar los bienes de lujo que los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño adquirieron tras el cobro de seis millones de euros de comisiones por la compraventa de material sanitario del ayuntamiento de Madrid al poco de estallar la pandemia. El magistrado adopta esta decisión en un auto aceptando, así, la petición de la Fiscalía Anticorrupción tras atribuirles la supuesta comisión de delitos de “estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales” a la vista de las irregularidades detectadas en las operaciones. El juez Carretero, además, ha citado a declarar tanto a Medina como a Luceño en calidad de investigados el próximo 25 de abril a las 12.30 horas.

Será entonces cuando aclaren al juez los hechos ilícitos que se les imputan. Está bien iniciar el proceso por estos supuestos caraduras que se lucraron desproporcionadamente por la urgencia, pero la investigación debe ir más allá y entrar en el fondo de la cuestión, que no es otra que el papel del ayuntamiento de Madrid en esta inmoralidad.