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Era uno de los grandes éxitos que exhibía la sociedad catalana. La llamada inmersión lingüística que se empezó a gestar en 1983 generaba consenso y no tenía color político. Después de cuarenta años de dictadura, no solo sirvió para normalizar el catalán, sino para democratizar la igualdad de oportunidades independientemente del origen de las familias.

Los ejemplos de hijos de la inmersión son innumerables. Recientemente el diputado de En Comú en el Congreso Joan Mena ha publicado el libro No parlaràs mai un bon català (Eumo Editorial), en el que defiende que la inmersión es más necesaria hoy que en los años ochenta. Proviene de una familia andaluza establecida en Sabadell y su experiencia personal como niño castellanohablante escolarizado en catalán le sirve para desmontar lo que no duda en definir como “mentiras sobre la inmersión lingüística”.

La socialista Núria Marín, presidenta de la diputación de Barcelona y alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, fue clara y rotunda esta misma semana cuando defendió el modelo de inmersión y calificó de error “polititzar la llengua”. De hecho, Marín fue más lejos y dijo que en la ciudad que gobierna hay que aplicar “la máxima inmersión” porque el castellano “se habla en todas partes” y lo que hace falta es garantizar que los alumnos de L’Hospitalet “tengan las mismas oportunidades que el resto”. “Es de sentido común”, apostilló.

Pero el sentido común es el menos común de los sentidos. En 2006 el grupo Ciudadanos, liderado entonces por Albert Rivera, entró en el Parlament y cambió las reglas del juego. Hasta entonces, en el hemiciclo del Parc de la Ciutadella todas las formaciones políticas sin excepción se habían expresado en catalán en sus intervenciones.

Ciudadanos convirtió en bilingüe la cámara y primero el Partido Popular y posteriormente Vox emularon su ejemplo. Más allá de la anécdota, la politización (y judicialización) de la lengua ha derivado en la polémica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que impone una cuota del 25% de clases en castellano y acaba, de facto, con la inmersión, a pesar de que los alumnos catalanes acababan la escolarización obligatoria con plenas competencias en ambas lenguas. Y mientras se dilapida esta herencia de la Transición, la llegada de centenares de miles de personas migradas de todo el mundo ha cambiado el perfil sociolingüístico del país.

Todas las alertas se han activado. Un informe de la Plataforma per la Llengua advierte que, con solo un 32% de hablantes habituales, el uso social del catalán se ha reducido en todos los territorios del dominio lingüístico. El resultado: en solo 15 años, el catalán ha perdido más de medio millón de hablantes.

Una mala noticia que no tendría que tener matices políticos porque las lenguas son patrimonio de todos.

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