'Cómo las democracias espían a sus ciudadanos'

Las sospechas sobre que el Estado español utilizó el programa israelí de espionaje Pegasus –que permite acceder a teléfonos móviles privados sin casi dejar rastro– contra los líderes independentistas catalanes han dado un salto significativo tras el reportaje que el prestigioso semanario norteamericano The New Yorker publicó el lunes. Una demoledora investigación donde detalla cómo al menos sesenta y cinco políticos catalanes, entre los cuales tres presidentes de la Generalitat, han sido víctimas de escuchas ilegales del 2017 al 2020. El largo reportaje, titulado Cómo las democracias espían a sus ciudadanos y firmado por Ronan Farrow (premio Pulitzer de Servicio Público en 2018 e hijo de la actriz y activista Mia Farrow y del cineasta y actor Woody Allen), empieza explicando cómo el eurodiputado de ERC Jordi Solé, que sustituyó a Oriol Junqueras, sospechó de que estaba siendo víctima de espionaje a través del móvil y contactó con el investigador de seguridad Elies Campo, colaborador del Citizen Lab, un grupo de investigación con sede en la Universidad de Toronto que se centra en los abusos de los derechos humanos de alta tecnología.

Así arrancó esta investigación periodística que hace tambalear las bases más sagradas de la democracia española, dado que solo los estados pueden comprar este programa, de la compañía israelí NSO, y solo se puede utilizar en la lucha contra el terrorismo, tráfico de personas u otros atentados a los derechos humanos internacionalmente consensuados. No hace falta ser independentista para escandalizarse con la posibilidad de que cualquier departamento del gobierno o del espionaje español hubiere contratado este servicio para escuchar las conversaciones de 65 personas que, como líderes del procés, como abogados o como activistas, estuvieran a favor de celebrar un referéndum para conocer la opinión de los catalanes sobre su pertenencia o no a España y el grado de autonomía al que aspiran. Las escuchas telefónicas solo las puede autorizar un juez y cualquier otra acción en este sentido es, además de inmoral, totalmente ilegal.

Las víctimas de este atentado a su intimidad y libre pensamiento ya han anunciado procesos judiciales en España y a nivel internacional para esclarecer quién contrató a la firma israelí y pedir las responsabilidades que correspondan, pero es el gobierno del estado, liderado ahora por Pedro Sánchez, el primero que debe dar explicaciones, comparecer en el Congreso e iniciar una investigación interna para esclarecer lo revelado por The New Yorker, dado que sería muy grave que un país democrático y miembro de la Unión Europea espiara a sus ciudadanos por sus ideas políticas. El semanario asegura que el servicio se contrató en tiempos del PP, pero sus escuchas no terminaron hasta 2020, en el poder ya la coalición PSOE-Podemos. Hay que llegar al fondo de esta grave evidencia.