Giro inesperado en el 'Catalangate'

Giro inesperado en el caso Pegasus. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también habrían sido espiados con el programa israelí que solo se vende a gobiernos y agencias oficiales. Las escuchas se produjeron en mayo y junio de 2021, en el móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el terminal de Robles.

Los piratas extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión, y 130 megabytes, en la segunda. El botín que sacaron del móvil de la titular de Defensa fue menor; al menos, en cuanto a volumen: 9 megas. El Gobierno no sabe aún, sin embargo, cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trata, en ambos casos, de sus teléfonos institucionales, no privados.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que compareció ayer en la Moncloa acompañado de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, informó de “intrusiones consumadas” en las que se ha producido una “extracción de un determinado volumen de datos de los terminales” y calificó las intervenciones de “ilícitas” y “externas”. Ahora, la Audiencia Nacional tiene  encima de la mesa la denuncia interpuesta por la Abogacía del Estado por un presunto espionaje a través del sistema Pegasus a ambos representantes del Estado. Ante la extrema gravedad de las evidencias sobre espionaje a varias altas instituciones del Estado, presidente del Gobierno, presidentes de la Generalitat y también a abogados a los cuales se podría haber violado su derecho a la defensa, la hasta ahora esquiva e incluso contradictoria reacción del ejecutivo de PSOE-Podemos debe dar un giro de 180 grados.

No se puede pasar en una semana de negar la mayor: “En España no se espía”, al reconocimiento de un espionaje contra el independentismo: “¿Qué debe hacer un gobierno cuando se declara la independencia, se vulnera la constitución o se cortan carreteras?”, a denunciar la intrusión en la vida privada y política porque las víctimas son ahora el presidente Sánchez y la ministra de Defensa. Tan escandaloso sería que no supieran  nada, el CNI depende al cien por cien del ejecutivo, como que lo supieran y lo negaran en aras de una información reservada que ahora ya es pública porque el sujeto espiado es otro. La ley, el derecho a la intimidad y todas las vulneraciones de los derechos fundamentales que se sospecha se han infringido en este caso destapado por el New Yorker deben ser igual para todo el mundo, como así lo decreta la Constitución tan manoseada por quienes la invocan solo cuando les conviene.

Los derechos de los ciudadanos, la libertad de pensamiento, el derecho a una defensa y por supuesto la no revelación de secretos son palabras mayores respetadas en todas las democracias del mundo y el Estado español no puede ni debe seguir permitiendo que las cloacas marquen y manchen la política.