El catalán, un consenso amenazado

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano. El TSJC explicó ayer que ha requerido al conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, para que “dicte las instrucciones y establezca garantías de control” para que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban al menos el 25% de horas de clase en castellano. A este respecto el auto ordena “como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo, e informe al tribunal en el mismo momento en que finalice el nuevo plazo de ejecución sobre las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de las mismas”.

El auto del TSJC requiere también el “alta en la inspección educativa a efectos de verificar el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estas actuaciones en el conjunto del sistema educativo de Catalunya, informando al tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado”. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), en representación de 1.643 familias, presentó el pasado 30 de marzo la ejecución forzosa de la sentencia del 25% de castellano dictada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ya hemos reiterado en innumerables ocasiones que la normalización lingüística se ha demostrado un instrumento eficaz para la supervivencia del catalán, así como de integración de todos los alumnos que pudieran no tenerla como lengua materna aun viviendo en Catalunya.

Su conocimiento es indispensable para todos los ciudadanos de esta nación y su aprendizaje debe ir parejo al castellano, lengua también oficial. Cualquier cambio para mejorar el plan educativo de una u otra lengua jamás debería venir impuesto por los tribunales, sino por docentes y padres, de común acuerdo y consenso con la Generalitat de Catalunya. De todas formas, el TSJC lo tiene muy fácil para comprobar el estado actual de presencia del castellano y catalán en las aulas.

Puede mandar a cuantos inspectores disponga y a buen seguro verá cómo de facto el 25 por ciento está garantizado. De hecho, todos los informes y pruebas de nivel que se han hecho en los últimos años demuestran con datos y cifras que los niños de Catalunya tienen un nivel de conocimiento del castellano similar e incluso superior al del resto del Estado. Bastantes problemas tienen los ciudadanos con la pandemia y la crisis de la guerra de Ucrania, que están amenazando nuestra economía, para crear conflictos donde no los había y dividir o intentar fracturar una sociedad que suficientes quebraderos de cabeza y retos tiene por delante.

Y lo peor de este envite judicial es que el alumnado es lo que menos importa a quienes lo han provocado.