Un cese más que necesario

El Gobierno español destituyó ayer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. Su salida se produce después de que la Moncloa tuviera el informe del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al CNI, que certificaba que la brecha de seguridad no solo se limitó al espionaje de los móviles de Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles, sino de más ministros, como el del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde que saltó a la esfera pública el caso Pegasus, con el espionaje a líderes independentistas, en la Moncloa se puso el foco en los servicios secretos pese a las reticencias de Defensa, que defendió hasta el último momento el trabajo de Esteban.

El “ataque externo” al terminal del ministro del Interior, se produjo en junio de 2021, como el de la ministra de Defensa, y fueron dos infecciones en las que sustrajeron 400 megas y 6,3 gigas respectivamente –el triple que a Sánchez–, en plena escalada de tensión con Marruecos. Defensa e Interior mantienen relaciones fluidas por los temas de seguridad y migración. Pese a la coincidencia, desde la Moncloa se evita señalar un culpable y no se acusa a este país.

Además, se ha constatado con el informe del CCN el intento de ataque con Pegasus al terminal del ministro de Agricultura, Luis Planas, aunque no fue consumado. Cabe recordar que Planas fue embajador de España en Marruecos entre 2004 y 2010. La decisión de Pedro Sánchez estaba más que cantada porque ningún país puede confiar en unos servicios de inteligencia que no han logrado detectar el espionaje a las más altas esferas del Estado.

Pero es evidente que no es suficiente con este cese, que persigue atenuar el enfado de ERC para seguir contando con su apoyo parlamentario y garantizar la legislatura. Lo que hay que aclarar es quién y por qué se ordenó espiar al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que también es un alto representante del Estado, y a decenas de personas que ni están en ninguna lista de terrorismo ni son criminales de guerra. Es indispensable saber quién pidió al juez del Supremo instalar Pegasus en los móviles del entorno soberanista y los argumentos judiciales esgrimidos.

Además de la legislatura, está en juego la propia Constitución, que en su artículo 18 declara inviolable el derecho a la intimidad y garantiza el secreto de las comunicaciones de los ciudadanos.

El Pirineo gana aventuraExcelentes noticias las dadas a conocer ayer por el Patronato de Turismo de la Diputación, que apuntan a un claro ascenso de las empresas que ofertan aventura y turismo activo a los visitantes del Pirineo, también en crecimiento pese a venir de dos años muy duros y de restricciones por la pandemia.