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La polémica imposición de una cuota de castellano en las aulas por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha iniciado un nuevo capítulo. Y es que el TSJC ha constatado la “imposibilidad legal” de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas de Catalunya porque se contradice con la nueva normativa aprobada por el Parlament sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza, y planteará una cuestión de inconstitucionalidad al TC. Para el alto tribunal catalán esta nueva normativa “suscita serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad” porque impide de manera sobrevenida aplicar la sentencia, y por eso resuelve plantear esta cuestión de inconstitucionalidad.

En concreto, los magistrados señalan que el fallo es incompatible con el nuevo decreto del Govern que fija explícitamente la “inaplicación” de porcentajes en los proyectos lingüísticos de las escuelas y con la nueva Ley sobre uso y aprendizaje de lenguas oficiales, que establece el catalán como la lengua normalmente empleada como vehicular y fija el castellano como lengua curricular que se utilizará en los términos establecidos en los proyectos lingüísticos de los centros, sin fijar porcentajes. La resolución del TSJC fue valorada como una victoria por los partidos que conforman el Govern y, en este sentido, el president Pere Aragonès consideró que permite “hacer valer los criterios pedagógicos, académicos y educativos”, por encima de otros que poco o nada tienen que ver con la lengua. Ahora el tribunal ha dado a las partes del procedimiento y a la Fiscalía 10 días para que se pronuncien sobre la intención de plantear esta cuestión de inconstitucionalidad, por lo que será necesario esperar a nuevas resoluciones judiciales sobre un ámbito, el de la lengua, que debería estar totalmente alejado de litigios pero que, por desgracia, se utiliza para fines más que criticables, además de poner contra las cuerdas al sector educativo que ve como es víctima de estrategias políticas y judiciales que merman su trabajo docente.

Irresponsabilidades

Los Agentes Rurales cursaron el pasado fin de semana dos denuncias por hacer fuegos de recreo en terrenos forestales de La Vall de Boí y por el uso de fogones de gas al aire libre en zonas prohibidas. En las últimas semanas se han registrado una serie de incendios terribles en las comarcas leridanas, en el marco de unas temperaturas desorbitadas. La prohibición de encender fuegos al aire libre en zonas sensibles está vigente desde hace días, pero el sentido común debería prevalecer sobre la normativa. Las irresponsabilidades se pagan y, en demasiadas ocasiones, muy caras.

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