El espíritu de Ermua y la memoria histórica

El acto de homenaje de Estado a Miguel Ángel Blanco con motivo del 25 aniversario del asesinato por parte de ETA de este concejal del PP sirvió en gran medida para recordar lo que se denominó el “espíritu de Ermua”, la localidad vizcaína de la que era edil y que ayer acogió esta conmemoración. Como indicaron todos los que tomaron la palabra, el secuestro y la posterior ejecución de Blanco con dos tiros a la cabeza marcaron un antes y un después que fue clave para el declive definitivo de la banda terrorista. El secuestro provocó una movilización sin precedentes en el País Vasco y en toda España para pedir la liberación del concejal del PP, un joven de 29 años.

El hecho de que ETA hiciera oídos sordos a este clamor y lo asesinara motivó la repulsa unánime de la sociedad, a excepción del entorno más próximo a la banda. Las movilizaciones cívicas en la propia Euskadi contra la violencia se vieron muy reforzadas, y a nivel estatal facilitó que la lucha antiterrorista dejara de utilizarse como ariete político para desgastar al adversario. De alguna manera, fue el principio del fin de ETA, que se acabaría disolviendo en 2018 dejando un negro balance de 864 asesinatos y 3.000 atentados.

Lo paradójico del acto de ayer es que la mayoría de los que tomaron la palabra apelaron a la unidad y coincidieron en la necesidad de mantener viva la memoria de lo sucedido para que las nuevas generaciones no caigan en la tentación de utilizar la violencia, pero la realidad es que el PP ha utilizado este 25 aniversario como arma arrojadiza contra el Gobierno del PSOE y UP a cuenta de la ley de Memoria Democrática aprobada por el Congreso. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, anunció el sábado que si gobierna la derogará. El motivo que alega es que el PSOE ha pactado algunos aspectos con Bildu, en especial una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983, lo que incluye la Transición y el primer año del Gobierno del PSOE.

Es cierto que Bildu, sucesora de la antigua Herri Batasuna, debe condenar de una vez la violencia, pero hay que preguntarse si la mejor vía para ello es marginarla de la vida política identificándola con una banda terrorista que ya no existe, como si nada hubiera cambiado en los últimos 25 años, y si es imposible cuestionar nada de la Transición, mientras por otra parte el PP pacta con un partido que mantiene postulados neofranquistas como Vox. Seguro que la ley de Memoria Democrática tiene puntos discutibles, pero con generosidad y altura de miras por todas las partes no debería ser tan difícil llegar a un acuerdo amplio. Sin embargo, estas dos virtudes apenas se aprecian en el actual panorama político.