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No ha habido aplazamiento y mañana miércoles es la fecha límite marcada en el calendario para que entren en vigor las primeras medidas del nuevo plan de ahorro energético. Un paquete que, entre otras cosas, dispone que edificios públicos y privados reprogramen la temperatura de sus aires acondicionados y apaguen sus escaparates por la noche. El objetivo es empezar a reducir el consumo energético, como se ha acordado con Bruselas, ante la ola inflacionista y un riesgo creciente de que se materialicen las amenazas de Moscú de un corte total en el suministro de gas a Europa.

Afecta a todos los edificios que tengan usos administrativos (los de la administración pública, oficinas, zonas de uso público, etcétera), comerciales (tiendas, grandes almacenes, supermercados, centros comerciales), a la hostelería, a espacios culturales como cines, auditorios o centros de congresos y a edificios relacionados con el transporte de personas, como estaciones y aeropuertos. No afecta, de momento, a los hogares. En estos espacios, el aire acondicionado no podrá ser inferior a los 27 grados y la calefacción, en invierno, superior a los 19 grados, y la humedad relativa debe mantenerse entre el 30% y el 70%.

Para el 30 de septiembre, los edificios deberán contar con un sistema automático de cierre de las puertas que dan a la calle para evitar que estén abiertas de par en par, algo común en grandes almacenes, tiendas o bares. Los edificios obligados a limitar su temperatura también deberán informar sobre las nuevas medidas de ahorro a través de carteles o pantallas visibles desde su entrada. Tienen hasta el 2 de septiembre para hacerlo.

Además, deberán adelantar la inspección de eficiencia energética, antes de que acabe el año, aquellos edificios que hayan realizado la anterior antes del 1 de enero de 2021. El Gobierno estima que cada grado menos en el termostato supone un ahorro en el consumo del 7%. Las excepciones son los centros que no puedan respetarlos por condiciones laborales o especificidades del sector, como las cocinas de los restaurantes.

También quedan excluidos los espacios de formación (universidades, colegios, guarderías), centros sanitarios y hospitales, peluquerías y lavanderías, gimnasios, medios de transporte (trenes, barcos, aviones) o las habitaciones de los hoteles (sí las zonas comunes), entre otros. A la hora de analizar las medidas destacan dos factores. El primero es evidente que es la falta de diálogo con las comunidades autónomas, que son las que deberán velar por su cumplimiento.

Y el segundo, y tanto o más importante que el primero, es la improvisación constante ante un cambio energético que hace años se debía haber previsto y ejecutado y que se impulsa ahora, no por el convencimiento de una emergencia climática, sino por la falta de diplomacia para resolver una guerra con Rusia que deja mucho dolor ciudadano y grandes beneficios a terceros. .

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