La ley de secretos oficiales

Los secretos de Estado ya no durarán de por vida y tendrán fecha de caducidad, salvo excepciones. Todo lo contrario de lo que sucede en la actualidad, que, en base a una legislación anacrónica que data del franquismo –1968–, la descodificación de materias reservadas en las últimas décadas se ha producido a cuentagotas. La ley de secretos oficiales, que todavía es un anteproyecto y que prevé aprobarse, si nada se tuerce, a finales de esta legislatura, prevé horizontes de desclasificación que van desde los cuatro hasta los cincuenta años, solamente prorrogables en “algunos casos”.

Inicialmente, es un proyecto totalmente aplaudible porque estos secretos son propiedad de la ciudadanía, es decir, del Estado, y nada ni nadie debería tener derecho a sustraer a los ciudadanos conocer la verdad de asuntos delicados de terrorismo, golpes de Estado como el del 23-F o asuntos de la Corona. Los gobiernos tienen la obligación de velar por los intereses generales del conjunto del Estado y sus instituciones, pero en ningún caso pueden esconder para siempre abusos de poder. Por tanto, si bien es un avance en relación con la ley vigente, será insuficiente para intentar aclarar hechos tan graves como el golpe de Estado de Tejero, los GAL y el uso del sistema de espionaje Pegasus para combatir el independentismo catalán, que nunca ha usado la violencia para sus aspiraciones políticas.

Hay que reconocer que PSOE-Podemos impulsan la modernización de las estructuras institucionales españolas, pero sea por miedo a la reacción de la derecha o por la propia reticencia del estado profundo, se quedan a mitad de camino.Transporte público en LleidaLos abonos gratuitos para los trenes en Lleida que ha anunciado el Gobierno central entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre serán más restrictivos y exigirán una fianza más cara que los de las líneas de Rodalies de Barcelona y su área metropolitana. Ya es bastante decepcionante que nuestras comunicaciones ferroviarias –AVE al margen– sean deficientes, tanto en trayectos como en número de convoyes, frecuencias, duración del viaje, etc., para que las condiciones de los tickets gratuitos sean más complicadas de cumplir. Inaudito.

Lo que tienen que hacer las administraciones es invertir en que la red ferroviaria mejore en infraestructuras y servicios y que los usuarios no deban pasar un calvario para llegar puntuales al trabajo o al médico, habilitar zonas de aparcamientos disuasorios gratuitos para los coches, coordinar horarios y los enlaces de los diferentes destinos y apostar de verdad por el transporte público en todas sus vertientes, sea por ferrocarril o autocar o autobús. Todo lo demás es comenzar una casa por el tejado.