Cambrils, ejemplo de comunidad

Cambrils rindió ayer homenaje a las víctimas del doble atentado terrorista del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y de horas después en esta localidad de la Costa Daurada, que son las playas de referencia de los 7.000 leridanos que tienen en estos municipios una segunda residencia y de otros muchos miles que la visitan cada verano. El acto, celebrado frente al Memorial per la Pau instalado frente al Club Nàutic donde atacaron los yihadistas, se desarrolló con un sentido carácter intimista y, a diferencia del vivido este miércoles en las Rambles, transcurrió con normalidad y en silencio. Al margen de no tener que lamentar el incidente de un grupo de independentistas que boicotearon el sagrado silencio en honor de los fallecidos y sus familiares en Barcelona, la conmemoración de los cinco años de la barbarie terrorista en Cambrils tuvo un elemento diferenciador a destacar y a aplaudir, que fue el merecido reconocimiento que recibieron también todos los cuerpos policiales y ciudadanos que colaboraron a hacer aquella trágica noche más llevadera: los Mossos, agentes de la policía local, sanitarios, psicólogos y vecinos que acogieron a las personas que se encontraban en la calle o cerca del tiroteo y que quedaron presos del pánico y el terror.

Es de bien nacido ser agradecido y del mismo modo que hemos de poner todos los instrumentos policiales y sociales para que el odio del terrorismo islámico, o de cualquier tipo o ideología, no se repita nunca más, también es justo recordar y reconocer la humanidad y comunidad demostrada en esos fatídicos días en Cambrils y Barcelona.

El problema de los okupas

Cuando el bloque de 60 pisos de la calle Ausiàs March de Alcoletge se quedó sin electricidad ni agua corriente el pasado 9 de agosto fue como agitar un avispero. Desde entonces, casi todas las viviendas han quedado inhabitables como consecuencia de saqueos al marcharse la gran mayoría de sus habitantes, tanto okupas como inquilinos.

Este caso de actualidad de Alcoletge sirve para volver a poner sobre la mesa un problema que llevamos arrastrando desde hace años y al que ni las administraciones ni la justicia han podido poner remedio. En primer lugar cabe recordar a la Sareb y resto de propietarios de bloques tóxicos que es su responsabilidad tenerlos en condiciones, tanto de pago como de seguridad, para que no sean pasto de la okupación indiscriminada. A las administraciones hay que exigirles vivienda social para dar respuesta a la vulnerabilidad social y saber diferenciar el derecho al techo al que tienen todos los ciudadanos de las mafias que hacen de esta marginación un negocio.

Y evidentemente, a la justicia hay que reclamarle máxima celeridad en los expedientes de okupación.