La ley del Aborto y su cumplimiento en Lleida

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros la reforma de la ley del Aborto impulsada por el ministerio de Igualdad y en la que, entre los puntos más destacados, está la medida que permite a menores a partir de los 16 años poder interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin el permiso de sus progenitores, elimina los tres días obligatorios de reflexión antes de tomar la decisión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicio de asistencia y acompañamiento integral y especializado. Del mismo modo, garantiza la objeción de conciencia, que se regula igual que en la ley de Eutanasia, para garantizar que siempre habrá personal disponible para la interrupción voluntaria del embarazo. Además, la norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.

La norma también especifica que los centros de salud y centros de salud sexual y reproductiva dispensarán la pastilla del día después sin necesidad de ser abonada al pasar a estar cubierta por el Estado (en Catalunya ya se dispensaba de forma gratuita). Igualmente, las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina. Asimismo, se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos vinculados a campañas sobre educación sexual.

La ley prosperará porque cuenta con el apoyo de los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. Sin duda esta reforma es un avance porque el punto más crítico, el que eliminó el PP cuando estaba en el Gobierno, es la luz verde a las menores de 16 y 17 años para que puedan abortar sin consentimiento de sus padres y está claro que si una joven de 16 años no tiene en muchos casos la madurez suficiente para decidir lo mejor para su futuro, con los mismos motivos debemos aceptar que menos madurez tendría para ser obligada a ser madre en contra de su voluntad. El problema de esta ley, como tantas otras, es el presupuesto necesario para su implantación y desarrollo.

Una legislación sin presupuesto de poco sirve para avanzar en la educación necesaria para que los abortos se reduzcan a casos excepcionales, que evidentemente sería lo ideal porque a ninguna mujer le gusta abortar. En Lleida tenemos un claro ejemplo del incumplimiento de la normativa vigente. Hasta hace muy poco ninguna leridana podía ser sometida a un aborto quirúrgico porque ningún centro público los practica.

La Generalitat ha tenido que recurrir a un centro concertado en Lleida ciudad para cumplir la legalidad en Ponent y en el Pirineo todavía hoy solo se puede prescribir el aborto farmacológico. Y otro dato sintomático, de las 20.000 catalanas que abortaron el pasado año, casi el 50% tuvieron que pagárselo de su bolsillo. En resumen, un buen paso si puede cumplirse.