El bloqueo del poder judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se mostró ayer contrario y crítico a ciertas decisiones políticas que, a su juicio, están debilitando la respuesta judicial al procés catalán. En su discurso durante la apertura del año judicial, advirtió del “peligro de cambiar el derecho a conveniencia”. En este marco habló de la “desjudicialización” del procés, una opción que se ha tratado entre el Gobierno central y el gobierno catalán en la mesa de diálogo.

Lesmes lanzó la voz de alarma ante ciertos movimientos que pretenden “neutralizar” sentencias judiciales “que no son conformes con el interés político del momento”. Es irónico que precisamente sea la cúpula del poder judicial, que lleva años bloqueando cualquier cambio en sus anquilosadas estructuras, la que critique la desjudicialización de la Justicia, y más después de haber recibido advertencias desde diversos organismos internacionales, la ONU entre ellos, de que no se puede juzgar delitos sin violencia como si la hubiera o que no se debe privar de derechos fundamentales a políticos elegidos democráticamente antes de ser juzgados. Paralelamente, Carlos Lesmes amenaza con dimitir, cosa que podría haber hecho desde hace tres años y medio, que son lo que está ostentando un mandato caducado.

No es fácil el cambio en los altos tribunales españoles, ya que están anclados en el más decimonónico pasado, pero una de las prioridades que debe acometer el Estado, si de verdad quiere representar a la sociedad a la que se debe, es su modernización. No puede ni debe ser la norma que la magistratura esté repleta de apellidos que se delegan el poder por la vía de la endogamia y no de la meritocracia. La Justicia ha de ser ciega e igualitaria y el poder legislativo ha de tener la potestad de adaptar la judicatura a los tiempos de democracia que exige la ciudadanía.

Los partidos no están exentos de culpa, pero es evidente que el bloqueo actual es achacable al PP, que no quiere bajo ningún concepto perder la mayoría que ostenta. La justicia está para aplicar las leyes que se redactan, cambian o modifican al servicio de las ideas mayoritarias de la sociedad, no para imponer las suyas a través de una interpretación parcial de las normas.

Un sector desasistido

Las cerca de 1.900 empleadas de hogar que cotizan a la Seguridad Social en Lleida tendrán derecho a cobrar el desempleo o del Fondo de Garantía Salarial y, además, no podrán ser despedidas sin una causa justificada por parte de sus empleadores. El Gobierno central dio ayer luz verde al real decreto ley que regula las novedades del sector y que viene a regular un sector muy desasistido.